Redeia, matriz de Red Eléctrica que preside la amiga de Pedro Sánchez y exministra socialista Beatriz Corredor, politizará un poco más su Consejo de Administración. Y es que la SEPI (es decir, el holding público empresarial que depende del Ministerio de Hacienda que ahora dirige Arcadi España) ha propuesto al socialista y ‘antinuclear’ José Luis Navarro como consejero dominical, en sustitución de Esther Rituerto.

La SEPI es el primer accionista de Redeia al controlar el 20% del capital. Le siguen: el fondo de inversión BlackRock, con un 5,225%; así como el fundador y máximo accionista de Inditex, Amancio Ortega, con un 5%. Si en la próxima Junta de Accionistas, se aprueba el nombramiento de Navarro como consejero dominical en representación de la SEPI, sería el segundo expolítico en asumir una silla de dicho tipo, pues ya lo hizo el pasado 30 de junio Arancha González Laya, independiente vinculada al PSOE que ejerció de ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación entre el 13 de enero de 2020 y el 12 de julio de 2021, y en dicho Ministerio le precedió Josep Borrell y le sucedió José Manuel Albares.

José Luis Navarro ha sido propuesto por la SEPI para representarla en Redeia por “su capacidad profesional y su dilatada experiencia en el sector de la energía”. Se trata de un ingeniero industrial extremeño que nació en 1958 en Jerez de los Caballeros (Badajoz), cuenta con una trayectoria muy ligada al sector energético, y ha pasado por varias empresas privadas, la política y la empresa pública.

En el caso de compañías privadas, Navarro ha tenido distintos cargos en Endesa, ha sido director general de Saltos Extremeños (sociedad que promueve minicentrales hidroeléctricas), ha trabajado en Arram Consultores, ha sido consultor independiente y delegado en Badajoz del Colegio Profesional de Ingenieros Industriales de Extremadura. Tras esto, Navarro entró en el mundo de la política autonómica de su región, de la mano del socialista Guillermo Fernández Vara (quien falleció el pasado octubre): primero como consejero de Industria y Medio Ambiente entre julio de 2007 y julio de 2011; y después, como consejero de Economía e Infraestructuras desde julio de 2015 y hasta que el 31 de julio de 2018 fue nombrado presidente de Enresa, empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de instalaciones nucleares en España que está controlada en un 20% por la SEPI (o sea, por el Estado). Navarro estuvo al frente de Enresa hasta diciembre de 2024, cuando se jubiló.

Cabe referir que este ingeniero industrial extremeño no se ha mostrado muy partidario de las centrales nucleares en los últimos años, algo que le gustará a Corredor, que prefiere hablar de las energías renovables y obvia la nuclear. En julio de 2023, señalaba que “España tiene un reto de Estado, disponer de un nuevo plan de residuos radiactivos”, algo que llegaría meses más tarde (en diciembre de ese mismo año) con falta de consenso político y que provocó la subida de la tasa Enresa en un 30% (por encima del 20% que se acordó cuando se pactó el calendario progresivo de cierres de las nucleares en 2019), lo que agravó la asfixiante carga fiscal que ya soportaban las centrales nucleares. En febrero de 2025, siendo ya expresidente de Enresa, Navarro apuntó que “el sector nuclear nunca ha recurrido el calendario de cierre de las centrales”.

Meses más tarde, en la Asamblea de Extremadura, señaló que la tasa Enresa es “absolutamente inevitable” y advirtió que si la empresa pública no recibe los ingresos suficientes, llegará un día en el que no podrá gestionar “con seguridad” los desechos nucleares. ¡Qué tono más alarmista... y todo para defender la medida adoptada por el Gobierno Sánchez al elevar dicha tasa! Y a finales de abril de 2025, en una entrevista en El Periódico de Extremadura, Navarro refirió que el cierre nuclear no supondrá problemas de suministro por el aumento de las renovables, ni tampoco afectará al precio de la luz, en contra de lo que advierten numerosos expertos y organismos. Además, afirmó que le daba la sensación de que se buscaba “que pase como en Bélgica, donde ha sido el Gobierno el que ha llamado a la puerta de la empresa francesa propietaria de las nucleares y le ha dicho: «Engie, te necesito». Y Engie le ha respondido: «Te voy a ayudar, pero con condiciones». Me da la sensación de que aquí lo que se pretende es que haya un Gobierno que haga lo mismo y dé el primer paso para luego ponerle condiciones, pero es que en España no se las necesita”. Al hilo de esto último, el ingeniero industrial extremeño debería tener en cuenta que las centrales nucleares aportan cerca del 20% de la electricidad de nuestro país y son la segunda fuente de generación, tras la eólica, pero lo hacen de una forma mucho más estable. 

En paralelo, no hay que olvidar que la SEPI es dueña del 5% de Enagás, donde la politización es más elevada que en Redeia. Y es que en su Consejo de Administración hay varios exministros, como: la pepera Ana Palacio y los socialistas José Blanco (más conocido como ‘Pepiño’) y José Montilla. Además, está Cristóbal Gallego, un asesor podemita en materia energética que apoyó distintas campañas contra el gas; y recientemente, se ha sumado Vicenç Pedret como consejero independiente, como avanzó El Confidencial, contentando así a ERC, pues se trata de un hombre de confianza de Oriol Junqueras.