El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado el informe “Competitividad Fiscal 2022. España sigue perdiendo competitividad en el ámbito fiscal”.

Según el informe 2022 fue un año récord para la recaudación tributaria en España y todo apunta a que 2023 será aún peor puesto que los ingresos tributarios presupuestados para 2023 superan las cifras de 2019, en casi 50 mil millones de euros, lo que representa un 23,4% de incremento. Además, señalan el desfase de este aumento frente al que ha registrado el PIB, que solo se ha incrementado en un 11,5%.

Esta subida de la que alertan para 2023 se hará a través de la introducción de nuevos tributos y de la reforma de impuestos ya existentes que afectan a la tributación empresarial y al ahorro e inversión.

Desde el IEE advierten que, según sus estimaciones, esto suppone que la presión fiscal española ya ha superado el 42% del PIB para 2022, y, por lo tanto, se ha situado por encima del 41,7% de presión fiscal media de la UE para el 2021. 

El informe recoge también el esfuerzo fiscal, que es la presión fiscal normalizada en función de la renta, y la conclusión no es mejor: España realiza un esfuerzo fiscal un 52,8% por encima del promedio de la Unión Europea, entre las grandes economías avanzadas ninguna presenta un esfuerzo fiscal superior al de nuestro país, algo que afecta especialmente a las empresas. Desde el IEE denuncian que, según datos de Eurostar, la proporción de recaudación que en España procede de las empresas es considerablemente superior a la media europea ya que los ingresos públicos que aportan las empresas respecto al total, es en España del 32,5%, mientras que la media de la Eurozona es del 23,9%.

Nuestro país presenta la imposición patrimonial más gravosa de la OCDE sólo por detrás de Italia

El informe también recoge el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) elaborado por la Tax Foundation en Estados Unidos que permite comparar el diseño de las normas tributarias de las economías desarrolladas, entre las que, lamentablemente, cada vez destaca más España. Así, según el ICF, España se sitúa en el año 2022 en la posición 34 del total de los 38 países analizados, siendo uno de los cinco países con peor competitividad fiscal dentro de la OCDE con un retroceso de nueve posiciones desde la posición 23 que ocupaba en 2019.

El IEE también ha anunciado el desarrollo de un indicador denominado “Indicador de presión fiscal normativa”, entendida esta como la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga. El resultado arrojado es que en 2022 el indicador se sitúa en 116,4 puntos, un 16,4% más elevada que la media de la UE y un 16,8% peor a la del promedio de los países de la OCDE, que tiene 99,6 puntos. Y aseguran que las dos figuras tributarias en las que España tiene una mayor presión fiscal normativa son "la imposición empresarial y la imposición patrimonial".

"Respecto al Impuesto sobre Sociedades, España presenta una presión fiscal normativa un 23,7% más elevada que la media de la Unión Europea, y un 22,1% superior al del promedio de la OCDE". "Por su parte, en la tributación sobre el patrimonio la situación de España es aún peor, en este caso, la posición de España es un 40,8% peor que la de la UE, y un 38% menos competitiva que el promedio de la OCDE. De hecho, nuestro país presenta la imposición patrimonial más gravosa de la OCDE sólo por detrás de Italia".

En cuanto al IRPF, señalan que se sitúa un 8,8% por encima de la media de la UE y un 7,6% por encima de la media de la OCDE, además, "el efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social que son particularmente altas en España eleva la cuña fiscal hasta el 40% en 2021, lo cual significa que el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60% del coste laboral".

Para finalizar, el IEE lanza la voz de alarma, "debido a que la economía está globalizada", estas reformas tributarias con el objetivo de conseguir un incremento inmediato de la recaudación pueden conllevar "efectos como deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes o situar en desventaja competitiva a nuestros residentes", puesto que la competitividad no solo depende de "el buen hacer de sus empresas y la calidad de sus productos", sino que es muy relevante el "entorno económico y regulatorio, así como el marco fiscal de los diferentes territorios".

"La capacidad de los países para atraer capital y fortalecer la inversión empresarial está muy relacionada con la legislación y la fiscalidad de los países. Las empresas valoran dónde establecerse fijándose en la fiscalidad más atractiva de los países, con menores impuestos, consiguiendo el asentamiento de las empresas y una mayor inversión por parte de estas, así como la atracción del talento humano. Las implicaciones de estas decisiones inciden, tanto en el corto como en el medio y largo plazo, sobre el crecimiento de la economía y la creación de empleo de los países".

En cuanto al IRPF, el informe del IEE señala que se sitúa un 8,8% por encima de la media de la UE y un 7,6% por encima de la media de la OCDE, además, "el efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social que son particularmente altas en España eleva la cuña fiscal hasta el 40% en 2021

"Nuestra competitividad fiscal empeora, debido a nuestro sistema tributario a corto y medio plazo que parece enfocado a la posibilidad de seguir aumentando la recaudación obtenida de empresas y familias, tal y como reflejan las medidas anunciadas para los PGE-2023".

Y esto nos deja completamente fuera del tablero de juego, ya que "la mayoría de las economías de la OCDE no han subido los impuestos, sino que los han reducido manifestando una voluntad de crear un clima tributario favorecedor de una recuperación rápida".

A ojos del IEE "el incremento de la recaudación tributaria debería basarse en el incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico que es la verdadera palanca de la redistribución, y en la lucha contra el fraude fiscal, más que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno, principalmente en lo relativo a tributación empresarial".