El PNV extiende su caradura en la denominada ‘operación Talgo’. Hace unas semanas, el lehendakari, Imanol Pradales, culpó a la multa de Renfe del retraso en cerrar dicha operación, y ahora ha sido el grupo jeltzale en el Congreso de los Diputados el que exige que la SEPI cumpla su acuerdo y ponga su parte de dinero. Dos movimientos que reflejan que los nacionalistas vascos quieren que el fabricante ferroviario sea vasco sí o sí, trasladando su sede de Madrid a Álava, pero no ser los únicos en poner dinero...

Cabe recordar que este mes acaba el plazo para formalizar el preacuerdo de la venta del 29,8% de Talgo (es decir, la participación del fondo Trilantic) al consorcio vasco liderado por Sidenor y sus socios (el fondo público vasco Finkatuz, la Fundación Bancaria BBK y la Fundación Bancaria Vital). Y en el entretanto, crecen las diferencias entre el Ejecutivo vasco y el Gobierno central.

Recuerden que la multa que Renfe le impuso a Talgo por 116 millones de euros debido al retraso en las entregas de los trenes Avril no ha sido de ayuda, pero con el fin del plazo mucho más cerca, se teme hasta que haga descarrilar la operación. Es cierto que la SEPI, el holding público empresarial que preside Belén Gualda y que depende del Ministerio de Hacienda (o sea, de María Jesús Montero), está dilatando su entrada en algunas empresas -en especial, en Talgo y en Duro Felguera-, algo que no hizo en Indra ni en Telefónica,... y eso que sería mucho más barata para los contribuyentes.

En un comunicado, el grupo parlamentario del PNV ha subrayado que “el Ejecutivo central, a través de la SEPI -dependiente a su vez del Ministerio de Hacienda-, se comprometió inicialmente a apoyar la operación vasca y fortalecer a la empresa mediante un préstamo convertible de cerca de 150 millones para que pudiera hacer frente a sus necesidades financieras”. Más adelante, “propuso que la operación se dividiera en dos, de forma que el Gobierno central se haría cargo de 75 millones y el consorcio vasco, en el que participa el Gobierno vasco junto a otras entidades privadas, de los 75 restantes”. Por supuesto, se ha destacado que el Ejecutivo que lidera Pradales “hizo los deberes”, y hasta renegoció el interés del préstamo a favor de Talgo, pero “la SEPI ha decidido finalmente dar marcha atrás a su propuesta inicial”.

Le recuerda al Gobierno Sánchez que “los acuerdos son para cumplirlos, no podemos estar cambiando las propuestas cada cinco minutos”... y le exige que deje de obstaculizar la ‘operación Talgo’. O sea, que ponga el dinero prometido... y que pasó de 150 millones a 75 millones

Por todo esto, le ha recordado al Gobierno Sánchez que “los acuerdos son para cumplirlos, no podemos estar cambiando las propuestas cada cinco minutos. Hay mucho trabajo detrás, muchos cálculos y, sobre todo, muchas familias vascas que dependen de que el Gobierno español asuma lo que había prometido”. De hecho, le ha exigido abiertamente que deje de obstaculizar la operación de Talgo por parte del consorcio de inversores vascos... pero como dirían los nacionalistas catalanes, la pela es la pela, y los vascos no quieren poner todo el dinero.

Claro que todo esto es sólo una vía de presión, pues hay otra: este miércoles, la portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha advertido a Pedro Sánchez que la confianza del Grupo Vasco va “camino de la UCI”. Esto último no es baladí porque los jeltzales son uno de los socios de investidura de Sánchez y de los que permiten que el líder socialista pueda aprobar algunas medidas legislativas.

Eso sí, no olviden que la entrada de la siderúrgica vasca Sidenor en el capital de Talgo no resolverá el problema de capacidad industrial que tiene para hacer frente a sus pedidos, y encima debe tiene dificultades dentro de su propio sector por el impacto de los aranceles al acero que ha impuesto Donald Trump. El Gobierno Sánchez sigue teniendo excusa para entrar en el fabricante ferroviario y defender una empresa que consideran estratégica por su tecnología de ancho variable,... y los nacionalistas vascos consideran que está en manos de la SEPI volver a encauzar la situación, pero sólo el primer tramo del camino como ven.