La energía nuclear ha entrado de lleno en la política española esta semana… y también en campaña electoral. Sin embargo, el asunto es tan importante para la seguridad de suministro eléctrico, el precio asequible de la luz, la reducción de emisiones de CO2, el empleo y el desarrollo de múltiples municipios de nuestro país que debería primar un debate técnico y económico.

Tristemente, esta semana se ha visto más lo primero. El pasado jueves, Junts recibió con gran entusiasmo el aval del abogado general de la Unión Europea a la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez, pues, aunque su dictamen no es vinculante para el Tribunal de Justicia de la UE, este último suele hacer caso al citado abogado en el 80% de las ocasiones. Desde el partido de Carles Puigdemont se dice que dicho aval “no cambia nada” en su ruptura con el Gobierno Sánchez, pero curiosamente su abstención ha permitido que el Congreso rechazara una enmienda a favor de las nucleares. ¿Casualidad? Ya saben que no, y muchísimo menos si se recuerda al poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán Friedrich Schiller, quien defendía que las casualidades no existen.

La citada enmienda recogía la modificación de las órdenes ministeriales que impiden que las propietarias pidan una nueva renovación de sus licencias y buscaba suprimir la fecha de cese definitivo de varias centrales (Almaraz, Ascó y Cofrentes). Su rechazo fue por 172 votos y la abstención de los siete diputados de Junts, frente a 171 votos a favor (los de PP, Vox y UPN). El resultado de la votación de la citada enmienda ha provocado críticas no sólo a los partidos nacionalistas catalanes (tanto al de derechas, Junts, como al de izquierdas, ERC), sino también a los diputados socialistas de Cataluña y de Extremadura. El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha cargado contra los diputados catalanes e incluso les advierte que serán “responsables si hay un apagón en Cataluña en 2030” (año en que está fijado el cierre del reactor Ascó I, si no se dan cambios). Además, Foment ha organizado hace unos días una jornada junto a PwC titulada ‘Claves para la seguridad de suministro en Cataluña: redes eléctricas y energía nuclear’, donde se manifestó la urgencia de actuar ante el colapso de las redes eléctricas y la necesidad de una inversión importante para garantizar el suministro, y se defendió que  la energía nuclear se mantiene como un vector estratégico ante la limitada implantación de energías renovables. 

Y de Cataluña a Extremadura, que celebrará elecciones el próximo 21 de diciembre. La campaña empezará oficialmente el día 5 de diciembre, pero desde que se conoció la cita electoral, los mensajes de los candidatos no son baladí. La pepera y actual presidenta de dicha región, María Guardiola, no tuvo reparos en criticar que los socialistas extremeños aplaudieran “la traición a Extremadura con el cierre de Almaraz”. Óscar Fernández Calle (Vox) señaló que “el PSOE en pleno vota contra Almaraz y aplaude entusiasmado su cierre. Traidores a Extremadura. Ladrones”. Por su parte, el socialista Miguel Ángel Gallardo (que está imputado en el caso judicial que protagoniza el ‘hermanísimo’, David Sánchez) vio las cosas a su manera y refirió que los diputados extremeños del PSOE habían votado “contra la demagogia del PP” y se mostró convencido de que “Almaraz no se va a cerrar” y “seguirá operando hasta que las empresas quieran”. Esperemos que en el no cierre lleve razón… pero quizá debería hablar más con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen.

Dejando a un lado la política, en el tema de la energía nuclear se debería escuchar más a Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, y a José Bogas, CEO de Endesa, así como a Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear (asociación que agrupa a la industria nuclear española) y que estuvo 21 años al frente de la central nuclear de Almaraz, o Sama Bilbao, presidenta de la Asociación Nuclear Mundial (WMA, por sus siglas en inglés). Pero también a otras voces de expertos, como la del exministro Jordi Sevilla o Alfredo García (más conocido en la red social X como Operador Nuclear, que es ayudante de jefe de turno en la central nuclear de Ascó, tiene licencia de operador de reactor y supervisor, y también es ingeniero de Telecomunicaciones, licenciado en Comunicación Audiovisual, divulgador científico y escritor), o las que llegan de organizaciones como Fedea o de las consultoras PwC y Metys.

Desde esta última, ha hablado uno de sus socios (Miguel Solchaga) para Foro Nuclear en una entrevista, donde ha señalado que “el trabajo de las consultoras en debates complejos, como puede ser el de la continuidad de las centrales nucleares, permite elevar el nivel de discusión más allá de posicionamientos ideológicos y opiniones sin base”. Solchaga ha referido un estudio de Metys que apunta que “Almaraz tiene unos costes operativos de 297 millones de euros y gasta 435 millones entre impuestos y tasas. Todo ese dinero, en un eventual cese de actividad de la central nuclear, dejaría de entrar en la economía y generaría una caída en la actividad económica a nivel local regional y nacional. Nuestras estimaciones son que, a nivel local, supondría una pérdida de valor añadido bruto (VAB) generado de 124 millones, es decir, el 14% de lo que se genera localmente. A nivel regional, en torno a 207 millones que representa el 1% del VAB de Extremadura y, a nivel nacional, 829 millones en VAB cada año”. “Por supuesto esta pérdida de actividad se asociaría con una importante pérdida de empleo. En el entorno de la central, serían más de 2.100 empleos, en torno al 15% de los que hay en la actualidad. En Extremadura más de 3.800, que representan el 1% del empleo de la comunidad autónoma hoy en día. Finalmente, representaría una pérdida de más de 15.000 empleos a nivel nacional”.

Todas estas cifras y otras muchas (como el hecho de que la nuclear aporta el 20% de generación eléctrica cada año y lo hace ¡sin emitir CO2!) son las que deberían imperar dentro del debate técnico y económico sobre dicha energía... y que todo esto pesara mucho más que el debate político o la campaña electoral de Extremadura. Y es que están en juego, entre otros, los empleos de Manuel Carreño y Patricia Rubio, como nos contaron a Hispanidad.