El abogado general del Tribunal de Justicia comunitario, el luxemburgués Dean Spielmann, ha publicado hoy su dictamen sobre la ley de amnistía que Pedro Sánchez aplicó a los golpistas catalanes del 'procés' independentista a cambio de los votos de Junts y ERC para poder ser investido presidente del Gobierno.

Este dictamen no es vinculante para el Tribunal de Justicia de la UE, que emitirá su sentencia definitiva antes de fin de año, pero suele hacer caso al abogado general en el 80% de las ocasiones. 

Pues bien: Spielmann ha avalado prácticamente la ley de Amnistía -con algunos matices menores-, lo que supone un duro varapalo para los españoles de bien que opinan que la amnistía del 'procés' fue una traición a España y todavía más traición al estar sustentada en la mentira de Pedro Sanchez, quien 24 horas antes de las últimas elecciones generales opinaba que era inconstitucional:

El abogado general de la UE descarta que la ley haya sido una "autoamnistía". Considera que no afecta a los intereses económicos de la UE. Y también rechaza que se oponga a la directiva europea contra el terrorismo porque los encausados no han vulnerado gravemente los derechos humanos. 

Atentos a lo que dice el comunicado del abogado general de la UE: "La LOA (Ley de Amnistía) cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: por un lado, parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía; por otro lado, no incluye violaciones graves de derechos humanos, entre las que se cuentan, primeramente, las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física. La LOA establece una exclusión explícita de los actos que hayan causado de forma intencionada tales violaciones, sin incluir formalmente el conjunto de los delitos contemplados en la Directiva. Tal planteamiento no parece incompatible, en principio, con los objetivos de esta última". 

Lo único que Spielmann corrige de la ley de Amnistía, matices menores todos ellos y de orden procesal, es el plazo máximo de dos meses para aplicarla, el levantamiento automático de las medidas cautelares y que solo se haya escuchado a la Fiscalía y a los perjudicados directos antes de aplicar la norma sin haber escuchado al resto de las partes ya que esto puede vulnerar su derecho de tutela judicial efectiva.

El tal Spielmann -que ha respondido así a las cuestiones prejudiciales que plantearon Sociedad Civil Catalana y el Tribunal de Cuentas -sobre la responsabilidad contable por ocasionar daños a los intereses económicos de la UE- y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones terroristas y la Audiencia Nacional -sobre la Directiva Europea relativa a la lucha contra el terrorismo- no ha hecho ni puñetero caso a las conclusiones previas de la Comisión Europea, para quien la ley de Amnistía “no respondía a un objetivo de interés general” sino que “es parte de un acuerdo político”. En concreto, "un acuerdo para lograr la investidura del Gobierno de España". 

Así se manifestó la Comisión Europea en la vista celebrada en el Tribunal de Justicia de la UE, el pasado mes de julio, que abordó las cuestiones prejudiciales presentadas por los tribunales españoles.

El Ejecutivo comunitario añadía, además, que "existen dudas" de que las disposiciones de esta norma sean "claras y precisas", lo que pone en riesgo el principio de seguridad jurídica. También critica el artículo que obliga a los jueces a aplicar la amnistía en un plazo máximo de dos meses, lo que no les dejó tiempo para investigar a fondo la presunta malversación. Y recordaba que "las autoridades españolas no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de reconciliación".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -compuesto por 15 jueces- inició el pasado 15 de julio las vistas para saber si la ley de Amnistía a los delincuentes del 'procés' separatista catalán vulnera el derecho de la Unión Europea. 

Y lo hace después de que cuatro tribunales españoles planteasen ante el TJUE cuestiones prejudiciales: el Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional, TSJ de Cataluña y un juzgado de Barcelona.

En concreto, el Tribunal de Cuentas planteó dudas sobre malversación al entender que el desvío de fondos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre afectó a los intereses financieros de la UE. También planteó dudas sobre malversación el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (respecto al exsecretario de vicepresidencia de la Generalitat, Josep María Jové, y el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó). 

Mientras que la Audiencia Nacional preguntó sobre si la amnistía en el caso de terrorismo de varios individuos de los Comités de Defensa de la República (CDR) atenta contra el Derecho comunitario y garantiza la impunidad de los delitos. 

Por su parte, un magistrado de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) preguntó si una amnistía pactada entre partidos políticos cuyos miembros se beneficiarían de ella es compatible con los principios de igualdad y no discriminación del ordenamiento comunitario. 

Ahora falta por saber cuál será el veredicto del TJUE. Aunque lo ocurrido hoy no es una buena noticia para los españoles de a pie que vieron en la Amnistía a los 'indepes' del 'procés' una traición a España.   

Ya se han producido algunas reacciones a la noticia. Y cada uno destaca lo que le interesa: 

Carlos Puigdemont: "Hoy, el abogado general del @EUCourtPress ha dejado en evidencia la indecente estrategia de la dilación y la manipulación con la intención de bloquear la aplicación de la ley de amnistía en su totalidad, y a todos: desde los acusados ​​falsamente de terroristas a los acusados -i en algunos casos, condenados- por una malversación inexistente":

Mientras que el Gobierno sanchista también lo ha celebrado por boca de Félix Bolaños: 

Conviene no olvidar que el tal Spielman presidió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que sentenció en contra de la llamada 'doctrina Parot', por la que quedaron en libertad 60 terroristas etarras en el año 2013. 

Por otra parte, algunos medios consideran que, con independencia de lo que sentencie el TJUE dentro de pocas fechas, el Tribunal Supremo no tiene por qué aplicar la amnistía al delito de malversación por el que se persigue a Carlos Puigdemont porque el Supremo español considera que los golpistas se enriquecieron personalmente al recurrir al dinero público para financiar el 'procés'.