El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, presentaron ayer el informe de opinión 'La prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado', que son los que se aprobaron en 2023. Recuerden que este Instituto es el servicio de estudios de la patronal empresarial CEOE. 

"Con la prórroga presupuestaria en 2025, el Gobierno nuevamente ha renunciado a ejercer su responsabilidad en el ámbito de la aprobación de los presupuestos", explica el IEE en su nota de prensa.

"Esta distorsión institucional [...] implica en la práctica, incumplir el principio de separación y control de los distintos poderes, al prescindir del poder parlamentario que representa a la ciudadanía", afirma el IEE

El informe del IEE analiza las consecuencias derivadas de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al ejercicio 2023, cuya vigencia se ha extendido hasta el año 2025: "La ausencia de un nuevo presupuesto implica costes adicionales, retrasos en la ejecución de nuevas políticas públicas y una inevitable distorsión e ineficiencia en la asignación de recursos. Esta situación obliga a una gestión fiscal reactiva y a la activación de procedimientos excepcionales, en lugar de una planificación integral, coordinada y estratégica de este instrumento de la política económica".

"Esta distorsión institucional, más allá de consideraciones técnicas y jurídicas, implica en la práctica, incumplir el principio de separación y control de los distintos poderes, al prescindir del poder parlamentario que representa a la ciudadanía y que se manifiesta en las Cortes Generales que tienen, entre sus funciones esenciales, la potestad para aprobar los Presupuestos", afirma el IEE.

Más en concreto, detalla el IEE, "la prórroga presupuestaria implica consolidarse en el tiempo la actual brecha negativa entre el crecimiento del gasto de capital y el corriente, siendo este diferencial un indicador del deterioro de la calidad de la estructura del gasto público, al estar menos orientada hacia la consecución de un mayor crecimiento económico en el largo plazo".

El Instituto que preside Fernández de Mesa también señala que para garantizar la convergencia real de España con la UE sería necesario tener un esfuerzo de inversión pública en infraestructuras mayor que la UE

Y prosigue: "La prórroga presupuestaria tiene consecuencias importantes, en particular, en el ámbito de la inversión pública afectando directamente a la planificación y ejecución de proyectos de inversión, en particular, en infraestructuras. Si bien, la inversión pública se considera una palanca fundamental para impulsar el crecimiento económico, a medio y largo plazo, y esta ha ganado tracción durante el periodo 2009-2024 gracias a la financiación procedente de los fondos Next Generation UE, su nivel en España sigue siendo reducido en comparación con la media de la Unidad Económica y Monetaria (UEM). Durante el periodo 2009-2024, la inversión pública representó el 2,6% del PIB frente al 3,4% en la eurozona, por lo que para garantizar la convergencia real de España con la UE sería necesario tener un esfuerzo de inversión en infraestructuras mayor que la UE. Desde esta perspectiva, España debería aumentar su inversión pública en un orden de 1 punto de PIB anual o lo que es lo mismo en torno a 15.000 millones al año por encima del nivel actual, esfuerzo que tendría que compartirse entre la Administración central y las Administraciones territoriales".

Por todo ello, el IEE ha instado a los grupos parlamentarios a acudir al Tribunal Constitucional "con el objetivo fundamental que crear un cuerpo jurídico que regule este tipo de situaciones en el futuro". Así, "el tribunal podría establecer criterios más estrictos sobre cuándo y cómo pueden prorrogarse los presupuestos, y podría llegar a determinar que, en casos de repetidas prórrogas sin justificación clara, se debe considerar la convocatoria de elecciones generales".