Iberdrola, Naturgy, EDP y Endesa están comprometidas con la energía nuclear en España. Esa es la principal conclusión que se puede extraer de que hayan pedido la renovación de la licencia de la central de Trillo (la cual poseen en un 49%, 34,5%, 15,5% y 1%, respectivamente) para seguir funcionando, al menos, otros 10 años más.

Un trámite que suele ser habitual, pero que dentro de este contexto de debate nuclear que se está dando en todo el mundo y de la próxima revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) -que va hasta 2030 e incluye los cierres de cuatro reactores (los dos de Almaraz, Ascó I y Cofrentes), de los siete que hoy funcionan-, cobra mayor relevancia. De hecho, le ha servido a Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear (asociación que representa a la industria nuclear española), para responder al Gobierno, en la rueda de prensa para dar a conocer los resultados del sector nuclear de nuestro país en 2022. En especial, ha sido una contestación a quien lo lidera, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta ecológica, Teresa Ribera, que en más de una ocasión han referido que las empresas no están interesadas en las nuclear.

Alemania ha consumado su errática política verde al cerrar sus últimas tres centrales y lo ha hecho recibiendo bastante contestación social, prefiriendo una implantación de renovables masiva y usar más carbón. Así, está generando electricidad emitiendo unos 400 gramos de CO2/kWh, frente a los 150 de España o los 50 de Francia

No se puede olvidar que tanto Sánchez como Ribera se llenan la boca hablando del cambio climático y de la reducción de emisiones de CO2, pero están dispuestos a prescindir de la nuclear, una energía que produce electricidad sin emitir CO2 (de hecho, aportó el 20,26% en 2022 y lo hizo con tan solo el 5,98% de la potencia instalada), es estable, lucha contra el cambio climático y baja el precio de la luz.

Araluce ha señalado que en 2022, la nuclear ha sido la tercera energía que más electricidad ha generado, tras el gas y la eólica, y la crisis energética que surgió con la guerra en Ucrania ha hecho que “haya entrado en funcionamiento más carbón que otros años”, por lo que las emisiones de CO2 han subido un 24%, a 35,8 millones de toneladas. Y en esto también ha contribuido “la menor producción de renovables, no por las nuevas (eólica y solar), sino por la hidráulica” debido a la gran sequía y la falta de hidraulicidad.

Una crisis energética que ha llegado en plena lucha contra el cambio climático y una creciente apuesta por la descarbonización, donde “el debate nuclear ha resurgido”, ha afirmado Araluce, destacando que cada vez hay más voces que apuestan por esta energía (la cual aporta el 10% de la electricidad mundial y el 25% de la europea), aunque también hay otras discrepantes. Entre ellas, Alemania, que ha consumado su errática política verde al cerrar sus últimas tres centrales y lo ha hecho recibiendo bastante contestación social, prefiriendo una implantación de renovables masiva y usar más carbón. Así, el país germano está generando electricidad emitiendo unos 400 gramos de CO2/kWh, frente a los 150 de España o los 50 de Francia. Un debate a nivel mundial en el que se está apostando por la extensión de la nuclear: bien alargando la vida útil de las centrales a 50, 60, 70 o incluso 80 años (como por ejemplo en EEUU), que “es la opción más barata porque la gran inversión ya está hecha y sólo requiere otras más pequeñas”, según Araluce; bien construyendo centrales tradicionales (grandes reactores); o bien apostando por reactores pequeños (los denominados SMR). 

En el caso de España, existe un calendario de cierres progresivo acordado entre 2027 y 2035, pero se hizo con una situación bien distinta a la actual y la revisión del PNIEC que se hace este año es una buena ocasión para rectificar. Araluce ha subrayado que los reactores están perfectos y pueden funcionar muchos más años, gracias a su alto nivel tecnológico y a las inversiones de 200 millones que se hacen cada año (unos 30 millones por reactor).