La central nuclear de Almaraz es, en estos momentos, un caso paradigmático, del mismo modo que lo fue Garoña por su cierre. La central burgalesa da una idea del coste, no cerrado, que implica el desmantelamiento de una central atómica, mientras la extremeña marca en fechas la senda que espera al resto de los reactores operativos en España.

Sorprende, aunque relativamente -por las actuales circunstancias-, que las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, estén de acuerdo en no pedir la prórroga de Almaraz, como hemos informado, pero está en consonancia con el guirigay abierto en el sector, con dos protagonistas. Por un lado, Teresa Ribera, al mando de Energía y las tres grandes, con posiciones enfrentadas porque la ministra tiene más propuestas que soluciones.

Teresa Ribera porta demasiados mensajes y pocas soluciones, lo que irrita a las tres grandes

Ahora bien, el telón de fondo es el mismo: la tensión en varios frentes tras el drástico giro energético del Gobierno Sánchez tras el relevo que siguió a la moción de censura. Bueno es recordar, para no olvidar, que a las eléctricas les asusta Podemos, que negocia con Ribera el nuevo marco regulatorio. Eso y que Pablo Iglesias será clave en la transición energética es lo mismo.

El termómetro bursátil trasmite la misma inquietud, con dos fases en el año, antes de la entrada de Sánchez en Moncloa, en fase alcista, y después, que corrige el periodo anterior. La excepción es Naturgy, a la que le ha sentado bien la presidencia de Francisco Reynés: ocupado ahora en el recorte de costes (el ajuste laboral afectará a 2.000 trabajadores en 2019). La empresa arrancó el año a 19,92 euros la acción y ahora cotiza a 21,84. Iberdrola, la única que ha presentado resultados de momento (gana un 13% menos hasta septiembre)- cotiza ligeramente por debajo de finales de diciembre (en 6,29 frente a 6,46) y Endesa sigue prácticamente en el nivel marcado al que cerró el año, 0,5 euros por encima de los 18.

El termómetro bursátil tiene dos fases: la alcista, antes de la entrada de Sánchez en Moncloa, y la bajista

El primer aviso al sector llegó con el derribo de los beneficios caídos del cielo, es decir la sobrerretribución que reciben las eléctricas por instalaciones que “han recuperado sobradamente sus costes de inversión”, como recogen las líneas de los Presupuestos para 2019, porque fueron establecidas en un marco regulatorio desfasado. La diana de ese disparo es la energía hidroeléctrica y nuclear, que afecta directamente a Iberdrola y a Endesa.

En Garoña, las dos eléctricas sellaron el acuerdo de Nuclenor, participada al 50% por cada una, para cerrar la central, a pesar de Álvaro Nadal, anterior ministro, que no le quedó otra aceptar, en agosto de 2017, al tiempo que dibujaba las líneas para evitar otros cierres, de térmicas de carbón o nucleares.

El cierre de Garoña fue un acuerdo de dos; la no petición de prórroga de Almaraz, un plante de las tres

El caso de Almaraz es distinto porque también está Naturgy. Se la reparten, por tanto, entre tres: la eléctrica de Galán con un 53%; la que preside Borja Prado, con un 36%, y la Francisco Reynés, con un 11%. Las tres han dado el primer aldabonazo en la puerta de la ministra: no pedirán la prórroga de la central porque no aclara nada del mix (reparto) energético, ocupada como está en el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que quiere cerrar con Podemos antes de finales de año.

Pasan así el muerto a Ribera de cómo se cubrirán las necesidades de demanda en España, cuando la nuclear, ahora, aporta un 20%. Si ese pulso llega hasta el final, la segunda en desmantelar después de Garoña será el primer reactor de Almaraz.

Hasta la sede del ATC en Villar de Cañas se tambalea, mientras sólo hay cálculos del coste de desmatelar Garoña  

Todo ello mientras no hay cifras todavía, sino cálculos -entre 400 y 600 millones-, de lo que costará dejar el valle de Tobalina como estaba antes de que Garoña entrara en funcionamiento. Y a eso se añadirá el gasto del tratamiento de los residuos radioactivos, que hay que reducir y eliminar para su trasporte y almacenamiento, temporal (en la propia central) o definitivo, en el ATC. Es la función que corresponde a Enresa, creada para tal fin en 1984.

Este punto, sin embargo, tampoco está claro. La sede del futuro ATC (Almacén Temporal Centralizado) también está en cuestión tras la entrada de Pedro Sánchez en Moncloa. El PP ubicó en 2011 el proyecto en 2011 en Villar de Cañas (Cuenca), pero con la entrada del PSOE el carpetazo puede llegar en cualquier momento. Es lo que asegura al menos el presidente manchego, García-Page, después de uno de sus encuentros con Sánchez.