No se puede contar menos con más extensión. La Sareb, el banco pésimo, ese engendro creado para evitar que los precios de los activos inmobiliarios cayesen aún más tras la gran crisis de 2008, ha vuelto a cosechar pérdidas en 2024. En concreto, 2.826 millones de euros, un 29% más que en 2023.

Los accionistas privados ya lo dieron todo por perdido a comienzos del 2022, cuando las autoridades europeas dictaminaron que, a pesar de que el sector privado tenía una participación ligeramente superior al Estado, la Sareb era sector público porque era la que la controlaba y asumía los riesgos de impago de la deuda. Desde entonces, la deuda de la Sareb computa como pública y no sabemos si llegará o no a pagarse en su totalidad, pero eso no preocupa: lo perderá el Estado, que desde entonces viene presentando cada vez menos información financiera sobre la sociedad.

Ya no disponemos de un balance o estado de posición financiera que nos indique el patrimonio de la sociedad, que es muy negativo, porque deben pensar que qué más nos da si se han comprometido a absorberlo contra dicha deuda, que afianza las pérdidas. Y esto no es así, porque que se recupere más o menos no nos puede, como contribuyentes, dar lo mismo. En cualquier caso, bicheando mucho por el Informe anual de actividad (no hablan de cuentas anuales o de información financiera, salvo unos pocos párrafos de calidad muy deficiente, como se puede ver en el documento adjunto), la Sareb nos cuenta que su patrimonio neto negativo ya alcanza al cierre de 2024 los 16.464 millones de euros (14.646 millones en 2023). Así que el cierre de la compañía en estos momentos dejaría impagados al Estado esa cifra (16.464 millones): un tercio de la deuda total que suscribió el Estado (51.000 milloness) y el 60% de la que aún no ha cobrado (28.183 millones). Un tercio que viene a indicarnos la sobrevaloración mínima con la que se adquirieron los activos en su momento.

Los accionistas privados ya lo dieron todo por perdido a comienzos del 2022, cuando las autoridades europeas dictaminaron que, a pesar de que el sector privado tenía una participación ligeramente superior al Estado, la Sareb era sector público porque era la que la controlaba y asumía los riesgos de impago de la deuda

El caso es que desde 2022 la izquierda patria, que no patriota, le ha echado el ojo a esta sociedad y todas las iniciativas parlamentarias de la misma han ido en la misma dirección: convertir la Sareb, desde una sociedad de gestión y liquidación de activos inmobiliarios, en un instituto público de la vivienda con una perspectiva “social”, porque la perspectiva “social” ya saben que es la adecuada para justificar cualquier pérdida con cargo al contribuyente. De hecho, así se afirman cosas como que los beneficios sociales (que nadie sabe cómo se miden) superan a las pérdidas económicas (que se miden muy bien) y aquí paz y después gloria. Ya saben que el materialismo histórico siempre se consideró a sí mismo como muy espiritual.

Ahora la Sareb, espoleada desde el Gobierno que nos asola, anuncia que donará a SEPES 40.000 viviendas. Suena bien para la propaganda que tanto gusta al Sanchismo. Como el aumento de los denominados alquileres sociales que, en su mayoría, no han sido sino regularizaciones de ocupaciones: me ocupas el inmueble, te declaro vulnerable y te doy un título justo de ocupación en forma de arrendamiento social.  En cualquier caso, la Sareb saca del mercado vivienda, por una u otra vía, e impide, una vez más, que los precios caigan.

El problema de las viviendas que aún le quedan a la Sareb es que requieren en muchos casos inversión para poder ser utilizadas, están ocupadas en muchos casos y, lo que es más importante, que sus localizaciones no están allí donde hay ahora mismo escasez.

En España habría suficientes viviendas vacías (en el entorno del 14%) para atender la demanda si estas estuvieran donde se las necesita, pero no es el caso. La izquierda, inasequible a la racionalidad, suele poner este ejemplo como un fallo del mercado, cuando es simplemente una consecuencia de los movimientos migratorios del último medio siglo. Un buen plan quinquenal y la supresión de derecho a fijar el domicilio donde a cada uno le apetezca, parece que es la solución que nos proponen ahora y que sienten que no se tomó en su momento. Si, simplemente, los ayuntamientos no hubieran metido sus manos en las políticas de suelo, el mercado ya se habría encargado de abastecernos de lo necesario a precios razonables. Pero no, todo ha operado en contra: desde las políticas de tipos de interés bajos que encarecen la vivienda mucho más que los ahorros en intereses, a las políticas fiscales que desalientan de vender los activos o, de nuevo, la escasez de suelo artificialmente creada por las corporaciones municipales.

Tuvimos, en cualquier caso, una oportunidad parcial tras la crisis anterior: haber dejado operar al mercado y que los precios hubieran caído estrepitosamente. Pero no, la Sareb compró los activos a las cajas muy por encima de su valor e impidió que los precios cayeran más y, de paso, salvó los balances de otras muchas entidades cargaditas de inmuebles. Ahora la Sareb vuelve a acudir, por otra vía, en auxilio de los que tienen.