El pasado miércoles participé en una tertulia de radio en la que analizamos el incremento de los tipos de interés de la deuda pública a treinta años. Aquella conversación me llevó a reflexionar sobre este asunto y a escribir el artículo que hoy quiero compartir con los lectores.
Hablamos continuamente del incremento de la deuda en distintos países, pero, si analizamos la deuda mundial —la suma de lo que deben los gobiernos, las empresas, los bancos y los hogares—, observamos que cerró 2025 en un récord histórico de 348 billones de dólares —unos 296 billones de euros—, tras crecer casi 29 billones en un solo año, el ritmo más rápido desde el estallido de la pandemia.
Expresada en relación con la riqueza que genera el planeta cada año, esa montaña de deuda equivale aproximadamente al 308% del PIB mundial. En otras palabras: la humanidad debe más de tres años enteros de producción. Y la paradoja es que quienes más deben no son necesariamente los más pobres.
Las economías avanzadas arrastran los niveles de deuda más elevados: el endeudamiento público medio del G7 supera el 111% del PIB, frente al 67% de África. España, por ejemplo, cerró 2025 con una deuda pública de 1,698 billones de euros, equivalente al 100,7% de su PIB; y según el último dato publicado, cerró el pasado junio en 1,76 billones, un nuevo récord que supone el 101,5% del PIB.
La asimetría, sin embargo, no reside tanto en el volumen de la deuda como en su coste. Mientras los países ricos se financian a tipos del 2% o el 3%, los países africanos afrontan intereses superiores al 10%. Además, el servicio de la deuda absorbe ya el 26% de los ingresos públicos de países como Ghana, frente al 3% en Francia.
Las próximas generaciones tendrían que trabajar durante más de tres años únicamente para pagar lo que ya gastaron sus padres
La UNCTAD calcula que los países en desarrollo pagaron en 2024 un récord de 921.000 millones de dólares únicamente en concepto de intereses, un 10% más que el año anterior. Como me contaron en cierta ocasión: si debes 100.000 euros a un banco, tienes un problema; si debes 100 millones de euros, el problema lo tiene el banco. Dicho de otra forma, los países más endeudados suelen recibir más financiación para evitar el impago.
El endeudamiento se disparó durante la pandemia: en 2020, la ratio deuda/PIB mundial aumentó más de 35 puntos de golpe. Ahora, dos nuevos motores empujan la deuda hacia territorios inexplorados.
El primero es la espiral bélica. El propio Instituto de Finanzas Internacionales —IIF, por sus siglas en inglés— titula su último informe «Global Debt Surges as Governments Invest in National Security». En España, la AIReF ha advertido de que el compromiso de elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB tendrá un «impacto completo» sobre el déficit y la deuda.
El segundo motor es la inteligencia artificial. Las cinco grandes tecnológicas —Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta y Oracle— han entrado en lo que los analistas denominan «la era de la deuda» para financiar su carrera por el desarrollo de infraestructuras. En 2025 emitieron unos 121.000 millones de dólares en nueva deuda, más de cuatro veces su media de los cinco años anteriores. Además, se calcula que el despliegue de la inteligencia artificial exigirá hasta 1,5 billones de dólares de endeudamiento adicional en los próximos años.
McKinsey estima que serán necesarios unos 7 billones de dólares entre 2025 y 2030 únicamente para construir centros de datos. Esta concentración de capital se está produciendo casi exclusivamente en las economías desarrolladas, lo que amenaza con ensanchar aún más la brecha con los países más pobres, que no tienen acceso a esta ola de inversión.
España, de hecho, mantiene su deuda pública por encima de la media de la eurozona: el 100,7% en 2025 frente al 87,4%. No obstante, la brecha se ha ido reduciendo gracias al crecimiento del PIB. El reto será mantener esa trayectoria descendente cuando se materialicen el aumento del gasto en defensa y los compromisos europeos.
La guerra y la IA nos apalancan... aún más
Hispanoamérica, en cambio, presenta una situación más heterogénea. La deuda pública de los gobiernos centrales de la región cerró 2025 en un promedio del 52,3% del PIB, según la CEPAL. Sin embargo, los datos del FMI muestran grandes contrastes: desde el 30,2% de Perú hasta el 308,7% de Venezuela, pasando por Brasil, con un 93,3%, y Argentina, con un 80,3%.
El problema regional no es tanto el volumen de la deuda como su coste y la dependencia de la financiación externa en dólares, que deja a estos países expuestos a los vaivenes de la política monetaria de la Reserva Federal.
Que la deuda mundial triplique el PIB significa, en términos sencillos, que las próximas generaciones tendrían que trabajar durante más de tres años únicamente para pagar lo que ya se ha gastado. El FMI advierte de que, si continúan las tendencias actuales, la deuda pública mundial podría rozar el 100% del PIB a finales de esta década.
Esto se traduce en menos inversión en educación, sanidad e infraestructuras para quienes aún no han nacido, así como en una mayor presión fiscal sobre los jóvenes trabajadores de hoy, que verán reducido su ingreso disponible para sostener una deuda que ellos no contrajeron.
La inteligencia artificial actúa, al mismo tiempo, como acelerador de esta tendencia y como posible vía de escape. Por un lado, el capital masivo que absorbe su despliegue —centros de datos, microchips y energía— compite con la inversión productiva y eleva el endeudamiento corporativo.
El Banco de Pagos Internacionales —BIS, por sus siglas en inglés— ha advertido de que la financiación de la inteligencia artificial está desplazándose del flujo de caja hacia el endeudamiento, lo que introduce riesgos de impago y una mayor exposición a los tipos de interés.
Por otro lado, si la inteligencia artificial cumple su promesa de aumentar la productividad, podría generar el crecimiento necesario para reducir el peso de la deuda sobre el PIB, del mismo modo que el crecimiento ha permitido a España rebajar su ratio en los últimos años. El equilibrio entre ambos efectos definirá la sostenibilidad financiera de la próxima década.
El endeudamiento estructural tiene, además, consecuencias políticas de primer orden. Reduce el margen de maniobra presupuestario de cualquier gobierno —de izquierdas o de derechas— y limita su capacidad para cumplir sus promesas electorales en ámbitos como la sanidad, la educación o las pensiones.
Esta situación alimenta la frustración ciudadana y favorece los discursos populistas que prometen soluciones mágicas a un problema sistémico. Los partidos políticos deberán ser honestos con el electorado: el debate ya no consiste simplemente en gastar más o gastar menos, sino en decidir quién asume el coste de una deuda que ya está contraída. La sostenibilidad fiscal puede convertirse en uno de los ejes centrales de las próximas campañas electorales.
Ante este escenario, convendría plantear varias líneas de acción para los gobiernos.
Los países ricos se endeudan más pero los pobres lo sufren más. Pagan más caros sus créditos y así se acentúan las diferencias ente ricos y pobres
En primer lugar, sería necesario consolidar reglas fiscales creíbles y contracíclicas que obliguen a reducir la deuda en épocas de crecimiento, evitando que los excedentes se diluyan en gasto corriente.
En segundo lugar, habría que reformar la arquitectura financiera global. Los países en desarrollo pagan intereses hasta cuatro veces más elevados que los países ricos por una deuda menor, y la UNCTAD reclama desde hace años mecanismos de reestructuración de la deuda soberana más ágiles y justos.
En tercer lugar, es preciso priorizar la inversión productiva frente al gasto corriente, pues endeudarse solo resulta sostenible si los recursos financian activos capaces de generar un retorno futuro, como infraestructuras, educación o transición energética, y no meramente consumo.
En cuarto lugar, habría que aprovechar el dividendo de la inteligencia artificial y orientar sus ganancias de productividad hacia la reducción de la deuda pública, mediante una tributación adecuada del capital digital y la reinversión en capital humano.
Por último, es necesario impulsar la coordinación internacional en foros como el G20 y evitar guerras fiscales que únicamente desplacen el problema de un país a otro.
La deuda mundial ha dejado de ser una preocupación técnica para convertirse en una cuestión de justicia intergeneracional. Triplicar el PIB global significa que estamos viviendo a crédito sobre el trabajo de quienes aún no han nacido.
La pregunta ya no es si la factura se pagará, sino quién la pagará y en qué forma: mediante impuestos, servicios públicos recortados u oportunidades perdidas.
Esa respuesta la están decidiendo hoy gobiernos, parlamentos y electores que, a menudo, miran hacia otro lado. Pero no sé si, cuando vayamos a votar, lo tendremos en cuenta o si, una vez más, preferiremos mirar hacia otro lado y dejarles la factura a nuestros hijos.
