Así lo revela un informe elaborado por la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, la base imponible del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD), que entró en vigor en enero de 2022, incrementa un 17,11% de media nacional la tributación de las compraventas de segunda mano por encima de su valor real de mercado. O dicho de otro modo, Marisu, la que no iba a subir impuestos, los ha subido, por la puerta de atrás, eso sí. 

Según el informe, "3 de cada 4 agencias inmobiliarias (76,11%) han intervenido en compraventas cuyo valor de referencia de mercado del catastro ha sido superior al valor de transmisión real en escrituras y que el incremento se ha dado en un 19,05% de éstas".

La Federación también considera que con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Marisu ha duplicado un impuesto: "es un tributo repetido en cada transmisión por compraventa y debería quedar exento en el caso de una primera vivienda habitual no de lujo para favorecer la emancipación y el acceso a una vivienda en propiedad".

Desde la federación advierten que este nuevo sistema supone una injusta y nueva “carga fiscal” y un desembolso extra para los compradores, lo que desincentivará o puede llegar a frenar una parte de las compraventas, "sobre todo entre las personas que quieren adquirir su primera vivienda habitual y en un contexto económico actual complejo marcado por una inflación en máximo históricos".

La federación también remarca que el catastrazo no se ajusta a parámetros reales de mercado, ya que no tiene en cuenta aspectos esenciales en una compraventa como el estado de reforma de la vivienda o la distribución interior de las casas, entre otros factores. 

El comprador tiene derecho a a pedir una revisión del valor catastral en caso de no estar de acuerdo con Hacienda, pero para la federación, Marisu, como nos tiene acostumbrado el Gobierno, ha invertido la carga de la prueba, y ha traspasado al contribuyente el peso de demostrar el valor del bien adquirido. Este hecho "podría interpretarse como poner en duda la veracidad de la fe pública notarial en las compraventas de mercado", y, en consecuencia," podría ser considerado como una práctica confiscatoria y anticonstitucional, como ya han alertado algunos expertos".

En este contexto, la federación pide que se revise el nuevo sistema de cálculo del valor catastral para ajustarlo más a la realidad del mercado. El catastrazo es, sin duda, lo que necesita el mercado para incentivar la compraventa de viviendas, ¡Bravo, Marisu!