Decíamos ayer, que el presidente del BBVA, Carlos Torres, haría bien en dar un golpe de timón. De otra forma, puede que no se coma los turrones en la Vela.

Pues si esto era ayer martes, la jornada del miércoles aún ha resultado peor. El juez Manuel García-Castellón, de la Audiencia Nacional, responsable del caso Villarejo y sus casi 30 piezas, ha imputado a Paul Tobin, portavoz del BBVA durante el último periodo de FG y que continúa en ese cargo con Carlos Torres, por levantamiento de evidencias, es decir, por encubrir a Francisco González, presidente de la entidad cuando se contrató a Villarejo.

Como adelantara Hispanidad, la pista definitiva que arrojaba luz sobre tanta incertidumbre en la causa que instruye la Audiencia Nacional se produce con la declaración de la investigada Inés Díaz Ochagavía, responsable de seguridad, persona que trabajaba en BBVA junto a Pablo García Tobin (más conocido como Paul Tobin).

La Sra. Díaz Ochagavía dijo recordar que el 25 de mayo de 2018, por la mañana, Paul Tobin y Eduardo Arbizu la llamaron para convocarla a una reunión donde hablaron sobre las noticias de prensa sobre BBVA y Cenyt (la empresa de Villarejo). En esa declaración, afirmó que fue Paul Tobin quien creó la famosa carpeta de Google Drive para “levantar la información”, es decir, “deshacerse de toda la documentación que relacionara a la entidad con Cenyt, fundamentalmente de los contratos” del banco con el comisario de policía. En la citada declaración, la investigada dijo que las autorizaciones para acceder a esa carpeta de Google Drive las daba directamente Paul Tobin.

Cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió que se entregara la carpeta del ‘drive’ que administraba Paul Tobin, BBVA entregó documentación alterada, es decir, habían borrado archivos y desaparecido algunos correos electrónicos. No olvidemos que la auditora PwC había hecho el ‘forensic’ de toda la documentación previamente y mucha de ella no coincidía… porque había desaparecido.

Lo cierto y verdad es que, a día de hoy, BBVA contrató a la empresa del excomisario Villarejo, la precitada Cenyt, a través de su jefe de seguridad, Julio Corrochano, desde el año 2004. 

Dicha contratación fue absolutamente opaca y fuera del circuito de contratación o los protocolos que tiene la entidad para contratación externa. Las facturas de contratación con Cenyt han desaparecido, algo que argumentan los responsables de la entidad bancaria se debe al volumen de facturación que mueven. No cuela: las grabaciones que se obtuvieron en el registro domiciliario del Sr. Villarejo evidencian que Julio Corrochano trataba de estos temas con “el jefe”, en alusión directa al expresidente de la entidad, Francisco González.

Asimismo, ha quedado más que acreditado que Paul Tobin accedió con sus contraseñas al ‘Google Drive’, porque era el administrador de la citada carpeta y pudo borrar, modificar o bloquear los contratos que se guardaban con la empresa  Cenyt. Según el Juez instructor, en claro acto de encubrimiento de Francisco González.

Todo ello, ha hecho que los delitos que ya se le imputan a Francisco González se incrementen, pues en el auto el juez García-Castellón cree que debe ser investigado por un presunto delito de administración desleal, recogido en el artículo 252 del Código Penal. Es decir, que cuando, presuntamente, se gastaba tan alegremente el dinero de la entidad bancaria para presuntamente espiar y extorsionar a través de la empresa de Villarejo, lo que estaba haciendo era administrar deslealmente patrimonio que no era suyo, sino del Banco.

El expresidente llegó incluso a utilizar recursos del banco en beneficio propio y privado, tal y como se ha podido saber a través de fuentes jurídicas de la investigación judicial, pues pidió la valoración de una finca a título privado.

Con todo lo anterior, el juez García-Castellón pide que se investigue por administración desleal a Francisco González, añadiendo este delito a los anteriormente imputados y que se investigue a Paul Tobin por su presunta participación en un delito contra la administración de justicia por encubrimiento de Francisco González.

Y la gran perjudicada de todo esto es la entidad bancaria, porque remontar esta situación al BBVA de Torres le va a costar años. Es triste que el gigante bancario de prestigio internacional tenga que encontrarse en esta delicada situación jurídica por haber tenido entre sus directivos personas, que sin ningún tipo de escrúpulo, no dudaron a la hora de realizar actividades delictivas a costa de accionistas y clientes que ignoraban tal situación.