Las aerolíneas han hecho una seria advertencia, en vísperas del verano, su temporada estrella del año. En una rueda de prensa, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que preside Javier Gándara, ha advertido que “si se confirman las sanciones, España le estará dando la espalda al resto de Europa, y el riesgo es que los afectados (unos 50 millones de pasajeros, según cálculos de ALA) dejen de venir a nuestro país y vuele a otros destinos”.

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Esta ha sido la principal reacción y respuesta al conocerse que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (el cual dirige Pablo Bustinduy -perteneciente a Sumar-) sanciona a las aerolíneas low cost Ryanair, Vueling (que forma parte del holding IAG), EasyJet y Volotea con 150 millones de euros por el cobro de equipaje de mano y otras prácticas abusivas, según informa ABC. Entre dichas prácticas estaría la aplicación de un cargo extra por reservar asiento contiguo para acompañar a menores y personas dependientes, la falta de transparencia contractual y por no permitir el pago en metálico. Unas sanciones que las asociaciones de consumidores Facua y OCU han celebrado. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que “con lo que ganan” las aerolíneas con el cobro de dicho equipaje “es ridículo poner una multa tan escasa” y que si incumplen la ley “a sabiendas”, se debería “pasar a otra fase que tiene que ver con un delito penal” para sus directivos o propietarios.

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Gándara sólo ha hablado como presidente de ALA, pero también es el director general de easyJet para el sur de Europa desde diciembre de 2020. La rueda de prensa, que se ha celebrado de forma presencial y telemática, se ha convocado con poco tiempo de antelación (tan sólo una hora y cuarto) ante “la pretensión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de prohibir el cobro de la maleta de cabina que realizan algunas compañías aéreas y de multar con cuantías desproporcionadas esta práctica, pues perjudicará a los consumidores, al suprimir la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesiten”, como recoge un comunicado.

El presidente de ALA ha empezado su intervención sorprendido por la filtración de dichas sanciones porque aún no son firmes y contra las mismas “cabe recurso de alzada” ante el citado Ministerio y también se podría llevar el asunto a los tribunales: “Habrá que ver distintas vías judiciales que harán las compañías europeas”. Un tema que, por cierto, se remonta al verano pasado, cuando el comunista Alberto Garzón estaba al frente del Ministerio de Consumo, cartera que ahora ostenta Bustinduy junto a las de Derechos Sociales y Agenda 2030 que tenía la podemita Ione Belarra en la anterior legislatura).

Gándara confía en que a las aerolíneas “se nos dará la razón” porque el cobro de la maleta de cabina “es legal”. De hecho, así se recoge en la normativa europea y en varias sentencias judiciales, y así lo consideró la propia Comisión Europea en 2013

Gándara se ha mostrado confiado de que a las aerolíneas “se nos dará la razón” porque el cobro de la maleta de cabina “es legal”. De hecho, ha señalado que así se recoge en la normativa europea, en concreto, “en el reglamento 1008/2008; y en varias sentencias judiciales; y además así lo consideró la propia Comisión Europea en 2013”, que reconoció la libertad tarifaria de las compañías aéreas tal y como establece el citado reglamento. Respecto a las cuantías, ha referido que son “desproporcionadas”, si se confirman dichas sanciones y por la “posible prohibición de esas prácticas a futuro”.

El presidente de ALA ha destacado que el cobro de la maleta de cabina (también denominada trolley -tróley, según la adaptación de la RAE-) “ha reducido retrasos porque había que bajar maletas a la bodega”, pues “no caben más de 90 tróleys en un avión y hay 180 asientos”. Además, ha recordado que entre el 30% y el 40% de los pasajeros no sube con tróley al avión, sino que lo hace con mochila y/o bolso de mano.

Gandára también ha subrayado que “desde las aerolíneas tendemos la mano al Ministerio de Consumo y al Gobierno para trabajar en la transparencia y en los servicios que se tienen que pagar y los que no”, pero “medidas como estas (en alusión a las citadas sanciones) no ayudan y van a ser un problema muy grande para la economía española y la conectividad” aérea. Es más, podrían alterar la seguridad jurídica, pues ahora existe “un mercado único y una única legislación, por lo que hacer una unilateralmente genera un poco de caos y desventaja competitiva”.