En el Senado, Sara Aagesen se ha mostrado en la línea del resto de miembros del Gobierno y fiel al argumentario sanchista. En su comparecencia en la comisión que investiga las presuntas irregularidades de la SEPI (que ahora tiene a su presidenta, Belén Gualda, imputada y también a otros 24 cargos), ha negado que se opusiera al rescate de Tubos Reunidos, como dice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y también ha negado haber recibido “presiones políticas” para que saliera adelante.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico formaba parte del Consejo Gestor del fondo para empresas estratégicas que articuló la SEPI tras la pandemia del Covid y que se nutrió de fondos europeos. Una silla que ocupó cuando era secretaria de Estado de Energía, dentro de un órgano que daba el visto bueno a los más de 30 rescates que recibieron distintas empresas y de ahí pasaban a ser aprobados por el Consejo de Ministros. En el caso de Tubos Reunidos, hoy en concurso de acreedores, en venta y salpicada por la corrupción sanchista, Aagesen ha llegado a reconocer que no fue a la primera reunión informativa donde se trató su rescate ni a la segunda, en la cual delegó su voto en el subsecretario del Ministerio que entonces lideraba Teresa Ribera (hoy vicepresidenta europea).
Aagesen ha insistido en defender la legalidad del rescate de Tubos Reunidos, así como de los que recibieron Air Europa y Plus Ultra. Conviene recordar que el primero se ha colocado bajo sospecha porque la empresa se ha visto salpicada por la corrupción sanchista (en especial, por el caso Leire) y llegó a contratar a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, que también está imputado. En el caso de Air Europa, el rescate (que ha sido devuelto) sigue bajo lupa porque se abrió la primera causa penal en el juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, después de que al juez Juan Carlos Peinado se le pusieran muchas trabas y se le impidiera que lo investigara por su relación con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hace unos días, ante el juez José María Escribano declaró Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI... y también imputado (en concreto, por prevaricación administrativa). Lora insistió en defender la legalidad del rescate que recibió la aerolínea de Globalia, pero apuntó que meses antes se reunió con Javier Hidalgo (entonces al frente de Air Europa y amigo de Begoña Gómez) y el Ministerio de Economía (dirigido en aquel momento por Nadia Calviño, actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones -BEI-). Y en el caso Plus Ultra está imputado José Luis Rodríguez Zapatero: recuerden que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, decidió enviar la causa a la Audiencia Nacional después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hallara indicios de que hay detrás de la trama una «organización criminal» y tras adquirir el caso una "nueva dimensión”... y así el tema recayó en el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
A pesar de todo lo anterior, Aagesen ha defendido los tres rescates citados con dinero público. De hecho, ha referido que los informes de la SEPI contenían “criterios que se cumplían” y “eran informes sectoriales”... y ella “no iba a poner en duda” las valoraciones realizadas por los organismos competentes. Se trataba de “informes preliminares de la SEPI y también informes externos”, según ha explicado, pero no recuerda si estaban firmados o no. Asimismo, ha referido que esas operaciones después fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.
En el caso de Tubos Reunidos, la vicepresidenta tercera ha rechazado que el Ministerio emitiera al respecto un informe negativo al rescate por razones ecológicas. Al respecto, ha referido que su Departamento pidió a la empresa que explicara sus planes futuros para avanzar en la transición ecológica. Además, ha negado haber sido informada por Belén Gualda de una reunión que hubo en Moncloa (la cual se recoge en los atestados de la UCO) y que el PNV hiciera gestiones en favor de dicho rescate. Claro que ahora dicha compañía aún no ha devuelto el polémico rescate de 112,8 millones, ni los intereses que conlleva, y encima ha entrado en concurso de acreedores y está en venta... pero ni el PSOE ni el PNV la dejarán caer.
