Los expertos a los que ha recurrido el PSOE, hoy en ministerios (Teresa Ribera) o secretarías de Estado (Domínguez Abascal) ponen fecha al cierre de las centrales de carbón y nucleares, que consideran parte de “un modelo energético propio del siglo XX”, además de “inadecuado y perjudicial para las necesidades de la sociedad en el siglo XXI”. El futuro, para los socialistas, pasa por la eficiencia y las energías renovables.

Así consta al menos, en el Propuesta de bases para una estrategia de transición energética 2030-2050 (en el documento adjunto), el mismo que tiene en mente la ministra de Transición Ecológica, aunque otra cosa es que sea posible llevarlo a la práctica. De momento, están en el Gobierno, tras la moción de censura a Rajoy, aunque sólo con 84 diputados… y dependientes del apoyo del resto (Podemos y demás). Sobra decir que Ribera presidía el Consejo Asesor para la Transición Ecológica, que elaboró el informe, y que Domínguez Abacal estaba en el equipo que lo redactó. 

La energía nuclear, en concreto, aporta el 20% de la capacidad instalada, al tiempo que es una energía limpia (no contaminada). Por esa razón, entre otras, la comisión de expertos nombrada por el anterior equipo de Industria planteaba con realismo alargar la vida útil de las nucleares, al tiempo que coincidía en ver el cierre del carbón en un escenario base de 2030.

El informe de los expertos del PSOE ‘mata’ las térmicas de carbón antes de 2025: son las culpables del aumento de emisiones

El informe que ponen en onda al PSOE señala, en concreto, que las térmicas de carbón, “abastecidas en un 70% por carbón de importación” son las responsables de que España haya sido el país europeo que más ha aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2015. Por eso es partidario de que se esfumen de la generación eléctrica antes de 2025. En Asturias, trinan, como en Endesa.

Sobre las nucleares, que también “pertenecen al pasado”, como el petróleo y el carbón, la propuesta es “un cierre ordenado” a medida que vayan cumpliendo los 40 años de vida, algo, por cierto, que el PSOE -y se hace eco el informe- “ya ha adoptado formalmente”.

No se anda por las ramas en ese punto, al señalar que “el final de su vida útil tendrá lugar a lo largo de un periodo relativamente corto de tiempo”. Y tan corto, porque empieza el año que viene con la central de Almaraz (Cáceres), que ya no tendría sentido que pidiera la licencia para prorrogar su actividad (debe hacerlo en 2019 porque vence en 2023) y termina con la Trillo (Guadalajara), que cumple 40 años en agosto de 2028. Añadan a la lista el resto: Almaraz II, Acó I y II, Cofrentes y Vadellós II, cuyas licencias expiran antes que Trillo. .

El discurso cambia radicalmente el debate sobre la fiscalidad para hacerlas más rentables, que han planteado Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, los propietarios. Hachazo a las tres. Deja de tener sentido cuando lo que se está programando el cierre y posterior desmantelamiento.

La nuclear es responsable del déficit de tarifa, por las retribuciones recibidas, y no compensa alargar su vida útil

El informe va más lejos incluso, al considerar las nucleares, junta a las hidroeléctricas, parte del problema. Sostienen que “han sido sobre-retribuidas” por entre 1.000 y 3.000 millones, lo que ha permitido a sus propietarios recuperar ampliamente costes de inversión. Esa sobre-retribución, añade, ha sido en parte “la causante del déficit tarifario”, que llegó a 30.000 millones y que “los gobiernos del PP han pretendido mitigar con medidas como un recorte a la retribución de las actividades reguladas”. Prepárense el resto.

En contrapartida, los expertos del PSOE insisten en que será necesario y hasta “urgente” poner en marcha un plan de sustitución por nueva potencia renovable, lo cual sonará a coña a más de uno, y que eso no afectará al incremento de precios que paga el consumidor.

Otra consideración que reafirma la voluntad de cierre. Dice el informe que “la hipotética extensión de la vida útil de las centrales nucleares más allá de la que establece su actual licencia de operación”, supondría una inversión en mejoras de seguridad y mantenimiento, en torno a 2.000-3.000 millones para el conjunto del parque nuclear. Ese coste, concluye, “elevarían de forma considerable el coste medio de la energía con origen nuclear, a un rango comparable al de sustituir esa misma potencia por potencia renovable que aportara una energía equivalente”.