Hablábamos ayer de las preguntas que el juez José Luis Calama realizó a Emilio Saracho acerca de sus conexiones con El Confidencial mientras fue presidente del Popular. Para ser exactos si él era el responsable de las filtraciones a ese medio que tanto daño hicieron al Popular. Y fue también ayer cuando el citado medio de comunicación sacó a la luz un informe que pone a Sebastián Albella en el centro de la trama.

Según la CNMV, el mexicano Antonio del Valle no tuvo nada que ver con la caída de la cotización del banco en 2017, tal y como sostiene la acusación. Por supuesto, el informe es clave para la defensa de Saracho, como nos recuerda El Confidencial.

Lo mejor, sin embargo, son los argumentos empleados por la CNMV. “No se entiende el posible interés del Sr. [Del Valle] y de los inversores con él vinculados en provocar una caída en el precio de cotización de la acción de Banco Popular en la medida en que esta operativa sería contraria a sus intereses al estar penalizando su inversión en el capital de Banco Popular”, asegura textualmente el informe.

A ver si nos entendemos: Del Valle podía querer que la acción bajara porque su intención era quedarse con el banco al menor precio posible. La jugada era sencilla: baja la cotización y lanzamos una ampliación de capital que me permita aumentar mi participación en el banco hasta una posición significativa. Y como presunto bajista, también le beneficiaba que cayera la acción.

La entidad que preside Ana Botín, sin embargo, esperó a que la JUR entrara en acción para quedárselo por cien céntimos de euro

Visto lo visto, ¿cómo es posible que un técnico de la CNMV afirme la chorrada que dice el informe? Desde luego, el texto no deja en muy buen lugar al supervisor. Y, ¿cómo puede ser que Albella, cuando era presidente de Linklaters, asegurara que la ampliación era correcta y ahora, como presidente de la CNMV, siembre sospecha sobre las cuentas?

En el entretanto, Saracho ha asegurado este jueves ante el juez, que el hombre con quien negoció la posible venta del Popular al Santander fue Rodrigo Echenique que, miren por dónde, después fue nombrado presidente del Popular. ¿Comprenden? El Santander quería comprar el Popular, ese banco que, al parecer, estaba hecho unos zorros. La entidad que preside Ana Botín, sin embargo, esperó a que la JUR entrara en acción para quedárselo por cien céntimos de euro.

En cualquier caso, el juez no entiende por qué si llegó para vender el banco que, según él, estaba tan mal, Saracho propuso a los accionistas otra ampliación de capital. Lógico.

Y la guinda: Elke König asegura en la revista del notariado, que “en la intervención del Banco Popular hubo una cooperación excelente con el Banco de España”. Es verdad, hasta que alguien cortó la línea de liquidez del BdE al Popular. Conviene recordar que los peritos del BdE concluyeron que, en el momento de la intervención, el Popu tenía un patrimonio de 11.000 millones de euros y que se trataba de una entidad solvente. Lo único que necesitaba era la línea de liquidez que ya le había aprobado el BCE pero que, miren por dónde, paralizó la JUR. Y, por cierto, nada más conocer esta decisión, el entonces ministro Luis de Guindos ordenó la retirada de los depósitos que las administraciones públicas tenían en el banco, con el consiguiente efecto dominó.