Nuevo episodio en el pulso que mantienen Fernando Abril-Martorell y el Gobierno y esta vez el presidente de Indra cuenta con cierta ventaja: la compañía, que presentará los resultados anuales el miércoles 24, por fin elevó las ventas en 2020, algo que, sin duda, le coloca en una posición más favorable.

Porque María Jesús Montero -la SEPI, que depende de Hacienda, es el principal accionista de Indra con el 18,7%- ha vuelto a la carga con la compra de la vasca ITP que Rolls-Royce quiere vender y que Abril-Martorell no quiere ver ni en pintura, después del comportamiento de la británica en la primera negociación.

El presidente de Indra, además, le ha recordado a la ministra que el Gobierno de la nación lleva más de 15 años sin invertir en Defensa a pesar de las promesas que le llegan desde La Moncloa. Defensa es, precisamente, la unidad de negocio que más margen aporta a Indra. Por eso, si el Gobierno no invierte, Indra no tendrá otra salida que acometer una considerable reducción de plantilla. Y el Gobierno, que hace casi un año le exigió retirar un ERTE, ahora no tendría más remedio que aceptar la medida.

Por cierto, preguntada este martes tras el Consejo de Ministros, por el amarre del yate de la familia de la número dos de Defensa en un muelle de la Graña (Ferrol), perteneciente a la Armada, Montero, muy tranquila, no ha dudado en animar al periodista a llamar al gabinete de prensa de Defensa. Por algo es la portavoz del Gobierno.

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Todo esto, en cualquier caso, sucede en el contexto de la pandemia, que ha endurecido las condiciones del mercado. A Indra se le hace cada vez más complicado competir con empresas como Accenture, cuyo modelo consiste en firmar contratos ‘norteamericanos’, con ingresos ‘norteamericanos’, pero con costes ‘indios’. En otras palabras, competir con empresas con mayor margen de negocio.