El día 6, si lo prefieren la madrugada del 7 de junio, de 2017, la JUR europea, dirigida por la alemana Elke König, intervenía el español Banco Popular y lo vendía al Santander por 1 euro. Se van a cumplir tres años de la gran farsa en la banca europea de la década.

Oficialmente, era una demostración de que, tras la crisis bancaria de 2008, el regulador europeo podría intervenir cualquier entidad sin coste para los ciudadanos. Los paganos serían los accionistas y bonistas, es decir, los propietarios del banco.

Y esto es bello e instructivo, porque así debe ser: hay que dejar quebrar a los quebrados.

El problema es que se eligió como ejemplo a un banco que no estaba quebrado, que era solvente y al que interesadamente se le había privado de liquidez.

Además, se entregaba el Popular a otro banco, en este caso al Santander, un siete de junio, de madrugada, por un euro… una entidad que horas antes, al cierre de la sesión bursátil del 6 de junio, valía en bolsa 1.300 millones de euros, propiedad de 300.000 accionistas y bonistas.

Con la intervención del Popular BCE-JUR aplicó un buen principio -los ciudadanos no debe pagar una mala gestión- pero de forma falsa y espuria: el Popu no estaba quebrado

En otras palabas, se jugaba con la propiedad privada… el gran problema moral de la economía de nuestro tiempo.

Era una cuestión de huevo, que no de fuero. Como entidad que trabaja con el dinero de los demás, la banca puede y debe estar especialmente regulada y vigilada. Es más, quien compra acciones de un banco debe contar con la hipótesis de que haya invertido mal y, en su caso, pueda perder todo lo invertido.

Dicho de otro modo, si el Popular hubiera estado quebrado, justo sería que los accionistas perdieran todo su dinero. El problema es que el Popular no estaba quebrado. Había cometido errores de gestión -por ejemplo, entrar en tromba en el sector inmobiliario, pero seguirá siendo el banco más fuerte de España en pymes, un segmento difícil pero rentable, como todo lo pequeño. 

Así, en la Audiencia Nacional, donde se dirime la responsabilidad penal de los consejos de administración de Ángel Ron y Emilio Saracho, los peritos del Banco de España hicieron un informe ante el juez José Luis Calama en el que afirman que el Popular valía 11.000 millones de euros, mientras el gobernador del Banco de España en el periodo de autos, Luis María Linde, defendía la solvencia y rentabilidad del Popular. En otra palabras, tanto el informe como el responsable de Inspección aseguraban que el Popular era un banco solvente y viable y afeaban la conducta espuria de Elke König. Elaborada con nocturnidad y alevosía, aprovechando una división interna en el Consejo y el más que curioso nombramiento de Emilio Saracho como presidente.

Hay dos procesos judiciales paralelos: uno el mencionado de la Audiencia Nacional, de José Luis Calama, por la vía penal y otra la reclamación contencioso-administrativa ante el Tribunal Europeo de Justicia. Esta última será la primera en salir y, no lo duden, funcionará la ‘solidaridad intraeuropea’. El Tribunal Europeo se ceñirá a la cuestión competencial de si la JUR tenía potestad para intervenir y decidirá que sí, que la tenia. De otra forma, sería la JUR quien tendría que indemnizar a los propietarios del Popular, algo que debe ser evitado cuidadosamente. La alemana König ha vuelto a ser elegida al frente de la JUR. Pero su gestión sobre crisis bancarias ha resultado un fracaso: no ha podido repetir la hazaña del Popular en ningún otro país de Europa pero…

Más. En Madrid, el sumario penal se ha centrado en la famosa ampliación de capital de 2016, todavía con Ron de presidente… y ahí ha pasado algo más. El consejero Jaime Ruiz Sacristán –muerto en abril de 2020 por coronavirus- representante del inversor mexicano Antonio del Valle, quien provocó el conflicto con Ron, asegura que el principal argumento de la JUR, que el propio Emilio Saracho decidió que el Popular estaba quebrado y propició la intervención de la JUR, es falso. Ruiz presentó ante el juez un acta notarial donde afirma que Saracho engañó a los consejeros para que aceptaran esa autoconfesión de quiebra y la consiguiente intervención.

Llovía sobre mojado porque el juez sospecha –o así lo infiero de sus preguntas, sobre todo a Saracho- que el Popular fue ‘tumbado’ por las filtraciones que el propio Saracho lanzó a distintos medios de comunicación, sobre todo a El Confidencial y a Expansión, y que contribuyeron a una huida de depósitos (la famosa liquidez)- en el Popular.

Resumiendo, tres años después de la intervención se han abierto varios frentes jurídicos pero los dos más importantes son:

1.El Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo. Contencioso Administrativo que juzgara si la JUR actúa en orden a su competencias.

2.El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, que juzga a Ron y Saracho. Pero que puede provocar un giro en el caso Popular.

Y en este segundo escenario han pasado tres cosas:

1.El gobernador del Banco de España en el periodo de autos, Luis María Linde, asegura que el Popular era un banco solvente: no estaba quebrado.

2.Los inspectores del Banco de España han ratificado en su informe que el Popular era solvente y que su valor patrimonial era de 11.000 millones de euros

3.Jaime Ruiz Sacristán, consejero del Popular enfrentado a Ron, muerto por coronavirus (12 abril) aseguró que Emilio Saracho les engañó a los consejeros con su auto-declaración de insolvencia, piezaclave que permitió la intervención de la JUR. Divide y vencerás. Y eso, entre españoles, siempre cainitas, siempre sectarios, es fácil de conseguir.

Por cierto, el origen de todas las batallas, la ampliación de capital de 2016, fue aprobada y aplaudida por el bufete de abogados Linklaters, cuyo socio primero era Sebastián Albella, hoy presidente de la CNMV.

Casualmente, Linklaters trabajaba para la JUR europea. Para el interventor y para el intervenido. En 2017, por ejemplo, facturó a la JUR 11 millones de euros. Todo muy legal, naturalmente, aunque éticamente discutible.

Esto es: tres años después puede ocurrir que la JUR y doña Elke König sean exonerados en Europa, a pesar del fracaso y la injusticia de la alemana. Los eurócratas de Bruselas, una vez más, se habrán burlado de España, aprovechando una guerra civil entre españoles y la inoperancia del ministro Luis de Guindos, hoy vicepresidente del BCE.

Pero podría ser que la Audiencia Nacional exonerara a Ángel Ron y a Emilio Saracho. Éste último ya veremos cómo acaba, tras sus presuntas filtraciones a la prensa para presuntamente infligir un daño a la entidad que presuntamente presidía. Si el juez exonera a los directivos del Popular, lo lógico es que se abra el camino  el paso hacia una responsabilidad civil subsidiaria. Si, como se espera, al Tribunal europeo de Luxemburgo protege a la europea JUR mientras en la Audiencia Nacional se dictamina que no hay responsabilidad penal por parte de los gestores, se abriría la vía hacia la responsabilidad civil subsidiaria, y eso sí que podría afectar al Santander. No olvidemos que el Santander “compró” el Popular por un euro, con lo que asumía sus activos y sus pasivos. Y también, si la Audiencia decidiera que sí hubo responsabilidad por parte de algún directivo del Popular... entonces con más razón se activaría la responsabilidad civil subsidiaria, dado que esa responsabilidad afecta a la persona jurídica Banco Popular, hoy propiedad del Santander. 

Es una posibilidad que ni contempla el Consejo que preside Ana Botín. En el Santander niegan que se haya preparado cualquier provisión extraordinaria para hacer frente a una posible responsabilidad civil subsidiaria. Su tesis es que se trata de un "caso fortuito", sobrevenido, y suspiran por la inocencia de Ron, Saracho y de cualquier otro. Y aun así...

Elke König, ha fracasado en su gestión sobre crisis bancarias. La prueba: no ha podido repetir su ‘hazaña’ del Popular en ningún otro país de Europa

Y es verdad que la fraudulenta intervención del Banco Popular -toda una farsa para demostrar que quien manda en la bancos europeos es el binomio BCE-JUR- es responsabilidad de Elke König, no del Santander, pero si se produjera la hipótesis antes expresada, no duden que la reclamación de accionistas y bonistas del Popular se dirigirá contra el actual propietario del Popular.

Y lo peor de todo es la carambola final. Si así sucede, la señora König habrá malogrado algo más que un banco en España, un país que no sabe defender lo suyo (o no supo con el inefable Mariano Rajoy de presidente). Habrá quebrado el principio justo, justísimo, de que hay que dejar quebrar a los quebrados y que deben ser los propietarios de una mala inversión quienes corran con el coste de su mala inversión, no el conjunto de la ciudadanía. 

Porque los buenos principios, doña Elke, hay que aplicarlos sin trampas y sin intereses espurios. Porque el Popular, doña Elke, no estaba quebrado.