A escasas horas de que termine el estado de alarma, en vigor desde hace más de seis meses, las comunidades autónomas se enfrentan a la incertidumbre sobre las medidas que pueden tomar para controlar la expansión del virus. Entre los juristas se extiende la crítica al Gobierno y a los partidos por no haber desarrollado durante este tiempo una legislación acorde a la situación epidemiológica, como una reforma de la Ley de Salud Pública de 1986, la norma que regirá a partir del 9 de mayo y bajo la que se ampararán las autonomías para legislar, recoge RTVE.

La solución que ha aportado el Ejecutivo para no volver al caos normativo del verano pasado, cuando decayó el primer estado de alarma y cada comunidad tomó sus propias medidas, es que el Supremo tenga la última palabra sobre las restricciones y pueda unificar doctrina. Esta decisión, aprobada mediante decreto ley el pasado martes (Real Decreto-Ley 8/2021 de 4 de mayo), ha sido cuestionada este jueves por los técnicos del Alto Tribunal que la consideran "confusa" y contraria a jurisprudencia, y también ha sido objeto de las críticas por parte de las asociaciones judiciales, que ven que los políticos "se lavan las manos" y trasladan la responsabilidad a los jueces.

Una de las asociaciones de jueces más crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido la Francisco de Vitoria, que ha emitido un duro comunicado en el que critica que “la mayoría de las modificaciones legislativas (o, al menos, las más relevantes) se están haciendo por Decreto-Ley del Gobierno, lo cual supone una perversión del sistema constitucional que atribuye al Ejecutivo potestad legislativa solo en casos de extrema y urgente necesidad. Se ha convertido la excepcionalidad en norma, sustrayendo la actividad legislativa a la soberanía popular. De hecho, en el caso del Real Decreto-Ley 8/2021, la urgencia y necesidad alegadas son ficticias, ya que el estado de alarma tenía fecha prevista de finalización y las dudas sobre la suficiencia del marco legal existente para afrontar la actual situación de pandemia no son nuevas”.

Estos jueces añaden que, de esta forma, “no se controla la acción del Gobierno. Tenemos un Estado de Alarma de seis meses de duración sin ningún tipo de control parlamentario”.

De esta forma, “no se controla la acción del Gobierno. Tenemos un Estado de Alarma de seis meses de duración sin ningún tipo de control parlamentario

Pero aún hay más. Esta Asociación de jueces le da incluso un viaje al Tribunal Constitucional, del que critica que “está desaparecido de manera consciente, evitando resolver recursos de inconstitucionalidad contra leyes que afectan a derechos fundamentales, hasta el punto de que cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie, la declaración de inconstitucionalidad -si se produce- será ineficaz, al haber desplegado la ley anulada todos sus efectos”.

“El Tribunal Constitucional, con su inacción -explica la Asociación Judicial Francisco de Vitoria-, contribuye a la liquidación del sistema, al actuar de forma opaca en cuanto a los tiempos que maneja para la resolución de asuntos: no se sabe por qué unos van más rápidos que otros. No sólo no garantiza, por tanto, los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que constituye un obstáculo para su defensa”.

De esta manera, prosiguen estos jueces, “la pasividad del legislativo, la falta de impulso del ejecutivo y un Tribunal Constitucional incumplidor han obligado a los órganos judiciales a decidir sobre limitaciones de derechos fundamentales a partir de interpretaciones extensivas de normas pensadas para otros supuestos, con el riesgo que eso implica para los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

En consecuencia, el Real Decreto-Ley 8/2021 de 4 de mayo “supone la confirmación de la dejación de funciones del legislativo, de la omnipotencia del ejecutivo y de la elusión de responsabilidades de este último a la hora de tomar iniciativas legislativas eficaces. Nuevamente se descarga en los jueces la gestión de un problema de índole nacional grave, como es la pandemia, judicializando la vida pública y subvirtiendo el orden natural constitucional”.

“Desde AJFV nos vemos en el deber institucional de pedir que se reconduzca la actual situación hacia el marco de convivencia que nos dimos con la aprobación de nuestra Constitución y que en los últimos tiempos se está viendo amenazado”, concluye la Asociación.

Y a todo ello añadan la caradura inmensa de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quien, ante la reacción del SUpremo, arremete contra el Tribunal Supremo, acusándole de no colaborar en la lucha contra la pandemia. A estas alturas, es difícil que la desfachatez de doña Carmen pueda sorprendernos, pero vicepresdidir el Gobierno que más muertos por habitante ha provocado en el mundo durante la primera oleada, para acusar a los jueces de no colaborar... todavía sorprende y asombra.