Bélgica ha rechazado la entrega de los exconsellers de la Generalitat Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret a la justicia española por un defecto de forma. El juez ha oído a la Fiscalía y ha decidido no atender la euroorden cursada por el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el pasado mes de marzo, informa La Vanguardia.

Mientras, el partido político Vox, que ejerce la acusación popular en la causa contra el 'procés' independentista en Cataluña, ha presentado una querella contra el recién investido presidente de la Generalitat, Quim Torra, por posibles delitos de encubrimiento, conspiración para la rebelión y odio.

Según ha explicado Vox a las puertas del Tribunal Supremo, la presentación de esta querella es "consecuencia tanto de las manifestaciones e intenciones reconocidas" por Quim Torra, en el sentido de que "pretende continuar con el golpe de Estado", como por su "participación directa" en el referéndum del 1-O.

En su escrito, Vox solicita "con carácter urgente" la inhabilitación en sus funciones del nuevo president, así como la retirada de su pasaporte para evitar que huya de España y que no sea un "testaferro del prófugo" Carles Puigdemont. Para Vox, los hechos cometidos por Quim Torra incurren en estos delitos porque "ha quedado patente su intención de continuar desde la Presidencia de la Generalitat con los mismos objetivos del golpe de Estado del 1 y 27 de octubre pasado, actuando como eficaz testaferro del procesado huido de la Justicia Puigdemont".

Sobre el rechazo de la Justicia belga a extraditar a los exconsellers Meritxell Serret, Lluís Puig y Toni Comín por defectos de forma en la euroorden, el letrado de Vox, Javier Ortega, ha apuntado que esos errores son "subsanables". A su juicio, los motivos "jurídicos y procesales" registrados en la solicitud del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena pidiendo la extradición de los exconsellers en la causa del 'procés' independentista en Catalunya "se ajustan al acuerdo marco de la euroorden".

Por este motivo, Ortega ha explicado que los abogados del partido en Bélgica están ya en "estos momentos" estudiando cómo resolver esa situación mediante la posibilidad de aportar nuevas pruebas o "incluso la reiteración de la euroorden".

Montoro ha defendido que el control sirve para que los recursos de la Generalitat se dediquen a los fines que se han presupuestado y no a actividades ilegales e ilícitas

Por su parte, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que “al menos” van a mantener el control sobre las cuentas de la Generalitat impuesto en el 2015, donde el Govern ha de informar mensualmente sobre la ejecución del presupuesto, añade La Vanguardia.

"Lo primero que ha dicho (el 'president') es 'que me dejen sin control'. Pues va a ser que no", ha resuelto el ministro Montoro. Durante un desayuno informativo, Montoro ha defendido que el control sirve para que los recursos de la Generalitat “se dediquen a los fines que se han presupuestado y no a actividades ilegales e ilícitas”.

El ministro no ha descartado volver a un “control máximo”, como el aplicado el pasado mes de septiembre, antes del 155. “La experiencia ya está, no existen dudas sobre la operatividad. Iremos viendo en qué consiste esa retirada”. El máximo responsable de Hacienda se ha mostrado sorprendido además por que el nuevo president de la Generalitat, Quim Torra, haya pedido el levantamiento de la intervención sobre las cuentas: “¿A quién le estorba que exista un control de legalidad?”.