En TVE, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reconocido: "Enero y febrero están siendo meses malos en el ámbito laboral, la prioridad debe ser que cuanto antes se reabsorban tanto las personas que perdieron su empleo como los trabajadores cubiertos por ERTE, unas 900.000 personas. Esta debe ser la prioridad compartida del conjunto de la sociedad. En cuanto recuperemos un crecimiento importante seguiremos en la senda de crecimiento de los salarios".

Calviño ha añadido: “Antes de que se desencadene un problema masivo de insolvencia de las empresas, vamos a poner en marcha los instrumentos necesarios. No se trata de dar más créditos porque ya lo hicimos en diciembre, ahora lo que analizamos son ayudas directas a las empresas, claro que sí. Pero se puede dar el dinero al empresario o desde el Estado pagando sus costes. Desde el Estado estamos pagando directamente los sueldos de sus empleados y los costes de la seguridad social”. E Identifica como ayuda directa "ampliar el plazo de carencia dos años" en los créditos.

Calviño advierte que "hay que evitar lo que ha pasado en otros países, en los que se ha dado el dinero directamente a las empresas y han cerrado".

Sobre los 11.000 millones de euros anunciados por el presidente, Pedro Sánchez, asegura que irán destinados a "reforzar los balances de las empresas". "Estamos analizando un conjunto de instrumentos distintos para reforzar la acción de las comunidades autónomas".

Ha indicado que el "ingente" volumen de dinero público, con un 2% del PIB comprometido en ayudas directas este año y un 5% el año pasado, tiene que se "eficaz" y dirigirse a reducir el endeudamiento.

Calviño ha explicado que el Ejecutivo sigue analizando un conjunto de instrumentos distintos para reforzar la acción de las comunidades autónomas, tras la transferencia de 16.000 millones el año pasado y los 8.000 millones de el ejercicio actual, y viendo qué otros instrumentos se pueden utilizar para reforzar los balances de las pequeñas  y medianas empresas, en línea con el instrumento de la SEPI para reforzar el capital de las grandes empresas de sectores estratégicos.

Sobre las medidas a aplicar en Semana Santa, Calviño asegura que el propio sector turístico "es consciente de que no podemos precipitarnos y poner en peligro el verano". "Tenemos que actuar con enorme prudencia. Si nos apresuramos, ponemos en riesgo una desescalada que de momento está yendo muy bien".

"Debido a la duración de la pandemia tenemos que adoptar medidas adicionales y estamos viendo cuáles son los instrumentos más eficaces". "En el ámbito de la vacunación los procesos son importantísimos (...) Hemos logrado pasar un hito muy importante. Hay más personas con la primera dosis de vacuna que contagiados”, ha añadido.

Comprendo que es fácil tratar de simplificar las cuestiones, pero regular los precios de los alquileres no es una medida que vaya a solucionar todos los problemas

Una de las medidas para ello es la implantación del certificado de vacunación o pasaporte COVID. "El pasaporte COVID es un tema fundamental para nuestro país, para restablecer cuanto antes la seguridad en los viajes internacionales, la confianza, y que vuelvan los turistas a nuestro país. En los próximos días vamos a tener una reunión los ministerios implicados para liderar desde el punto de vista tecnológico y legal este pasaporte de vacunación", ha explicado Calviño, quien cree que "tiene que llegar antes del verano".

También ha mostrado su rechazo este lunes a regular el precio de los alquileres, tal como demandan sus socios de Gobierno y como se estipuló en el acuerdo de investidura, y ha apostado en su lugar por aumentar el parque público de vivienda, una medida a su juicio “mucho más concreta y eficaz”. “Comprendo que es fácil tratar de simplificar las cuestiones, pero regular los precios de los alquileres no es una medida que vaya a solucionar todos los problemas, no es el bálsamo de Fierabrás. Lo que hay que hacer es aumentar el parque público de vivienda”.

En su opinión, esta es una medida “mucho más concreta y eficaz” y ha recordado que el Gobierno, junto a la Sareb y las entidades bancarias, han llegado a un acuerdo para ampliar el parque público en 26.000 nuevas viviendas.