• La patronal UNESA concluye que el impuestazo del Gobierno aumentará el coste de generación entre un 13 y un 18%.
  • Se trata de compensar el impacto de los nuevos impuestos decretados por el Gobierno en la parte liberalizada: generación.
  • Y ahora las compañías tienen más capacidad de maniobra por cuanto el Estado renuncia a utilizar los peajes para compensar las alzas.
  • Y mientras la CNE advierte. En los primeros siete meses del año el déficit de tarifa roza los 4.000 millones de euros frente a la previsión gubernamental de 1.500 millones de euros.

La polémica reforma energética del ministro de Industria, José Manuel Soria, reparte impuestos, cánones y tasas con gran alegría. Total, que ahora todas las compañías afectadas, las eléctricas, gaseras y renovables, están haciendo números para intentar mantener sus márgenes.

Y resulta que la patronal eléctrica UNESA, que preside Eduardo Montes, ha concluido un informe, al que ha tenido acceso Hispanidad, según el cual el impuestazo del Gobierno elevará los costes de generación entre un 13 y un 18%. Ojo, porque estamos en el segmento liberalizado -la generación- donde en teoría, el Estado nada tiene que hacer... salvo subir los impuestos, que es lo que ha hecho.

La clave está en que el Gobierno Rajoy promete -así lo hizo el ministro de Energía, José Manuel Soria (en la imagen) durante la presentación de la Reforma- dejar de utilizar los peajes como fórmula de contención de la subida de tarifa -o al revés-. A partir de ahora, la subasta decidirá pero hay quien no se fía del método. En cualquier caso, las eléctricas lo han dejado claro: con el nuevo martillazo fiscal estamos condenados -familias y empresas- a un subida fuerte del recibo de la luz. E, insisto, la atenta mirada del Ejecutivo y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en las subastas puede no resultar definitiva. Ahora, el porcentaje de referencia es el que marca UNESA: entre un 13 y un 18%.

Y mientras la CNE advierte. En los primeros siete meses del año el déficit de tarifa roza los 4.000 millones de euros frente a la previsión gubernamental de 1.500 millones de euros.

Miriam Prat

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