Primero vamos con el caso. Los hechos se han conocido hoy, pero ocurrieron el pasado martes en Palma de Mallorca, sobre las 22:15 de la noche. La Policía Nacional recibe una llamada de emergencia en el 091. Una mujer, visiblemente asustada, denuncia que un hombre está intentando acceder a su domicilio escalando la fachada. La denunciante no duda en decir que su miedo es debido a que dentro de la parcela hay menores.
Varias patrullas del Grupo de Motos se desplazan al lugar. Allí hablan con la mujer que les cuenta que llevaba viviendo en la casa varias semanas, que había comprado la vivienda por 1.500 euros. Dentro del domicilio había varios familiares y amigos de la mujer, así como los seis menores de edad.
Los agentes se disponen a hablar con el supuesto intruso, que les aclara que él es el propietario de la casa, que reside allí todo el año, pero que se encontraba fuera desde hacía dos semanas por motivos de trabajo. ¿Recuerdan aquello de Marlaska? Que no es que bajes a por el pan y te okupen, este señor no bajó a por el pan, sino que fue a trabajar.
El hombre explica que la central de alarmas le había dado la señal de entrada de personas extrañas y ajenas al domicilio, por tanto, se personó de urgencia en la vivienda. Allí se encontró la casa okupada y con evidentes señales de violencia.
Una vez asegurada la versión del dueño, los policías entraron en el inmueble con el dueño y verificaron que la cadena de la verja ya no estaba, la puerta había sido forzada, el sistema de cámaras de seguridad arrancado y que los okupas habían llevado sus enseres y muebles. Además, el dueño aseguró echar en falta ropa personal, libros, mobiliario del salón y la cocina, así como utensilios y botes de pintura que guardaba en un almacén de la parcela.
Ante los hechos, la Policía Nacional ha procedido a la detención de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, por un presunto delito de allanamiento de morada.
Lo curioso es que había menores y no conocemos la situación de los okupas, pero podrían haberse declarado vulnerables, pero desde que el Escudo Social cayó, esto no serviría de nada. Ya no se protege en estos casos al supuesto vulnerable, sino al legítimo propietario. No sería la primera vez que ante casos así el que acaba detenido es el dueño. Pero todo esto podría volver a cambiar: en principio mañana el Consejo de Ministros prevé aprobar el decreto de vivienda, de ahí tendrá que ir al trámite parlamentario donde previsiblemente no saldrá adelante, pero Sumar ha dejado clara su intención: introducir de soslayo la protección a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios, es decir, volver a la protección de los okupas. Aunque Sánchez prefiere no irse de vacaciones con una derrota, por lo que ha aplazado el decreto a septiembre.
