Entre el surrealismo y la sensación de total impunidad podría definirse el siguiente caso, que engrosa la nutrida lista del mundo okupa que les venimos contando en Hispanidad.

La Fiscalía Provincial de Madrid pide cinco años de cárcel para una pareja de ‘inquiokupas’ que tras ser echados del piso, reclamaron una «bolsita» que se habían dejado y resultó contener droga: cocaína, MOMA, 2C-B, Ketamina, LSD y Popper.

Según explica el propietario de la vivienda, regresaron al piso con intención de recuperar una bolsa que se habían dejado olvidada amenazando con que si no se la daba, se iba a enterar.

Según Economist & Jurist, a la pareja, naturales de Venezuela,  les imputa un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud de las personas, previsto y penado en el artículo 368.1 del Código Penal, por el que además de la citada pena de cárcel solicita que se les imponga una multa de 6.877 euros a cada uno.

También los acusa de un delito leve de lesiones al propietario del inmueble, del artículo 147.2, por el que reclama una multa de 480 euros a cada uno. Delito del que también acusa al dueño del piso, y pide que éste indemnice a la mujer con 150 euros.

El abogado del propietario, Manuel Chamorro, destaca que su representado «no sólo se encontró el inmueble destrozado, sino que, además, tuvo que desembolsar dinero para que dejaran de ocupar su casa, sufrió una agresión y se le acusa de supuestamente agredir a la ‘okupa'». 

«El propietario presentó una denuncia ante la Policía por la agresión que sufrió por parte de ambos, que fueron detenidos. Posteriormente, durante la limpieza del piso, mi cliente encontró la bolsa que habían ido reclamando los ‘inquiokupas’ y lo comunicó a la Policía advirtiendo que parecían ser sustancias estupefacientes. Ante esta circunstancia, los ‘okupas’, en presencia policial en los calabozos, manifestaron que dicha bolsa era suya, motivo por el cual se les informó de sus derechos y que se les iba a imputar un delito contra la salud pública», detalla Manuel Chamorro. 

Entonces, la Fiscalía presentó una denuncia, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, y el pasado mes de agosto acordó la apertura de juicio oral. Los hechos serán juzgados por la Audiencia Provincial, todavía no se ha señalado la fecha de la vista.