Contábamos la pasada semana en Hispanidad el caso sucedido de un ertzaina que fue detenido el pasado sábado acusado de intentar agredir a su esposa con un cuchillo de cocina en San Sebastián, se ha conocido que en noviembre cambió de sexo en el registro civil, lo que condiciona el proceso judicial para tramitar el caso como violencia de género, y es que legalmente consta que es una mujer. Al día siguiente, en Sevilla: un hombre se cambia de sexo para no ser juzgado por violencia de género.

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Y menos de una semana después, nos encontramos con algo similar en los efectivos del Samur, donde el personal femeninp se ha quejado por la presencia de dos funcionarios varones que se han registrado como mujeres en sus vestuarios. Fuentes del Ayuntamiento de Madrid han asegurado que cuando se enteraron del registro no pudieron hacer otra cosa que cumplir con la Ley Trans del Gobierno. 

Ambas mujeres siguen con su aspecto físico masculino pese al cambio registral, y el Ayuntamiento asegura que está "al habla con la inspección de servicios de personal del Ayuntamiento y elaborando un protocolo interno para mejorar la gestión de esta situación y que todo el personal de servicios se pueda sentir más cómodo".

Las quejas del personal se han plasmado en una carta dirigida a la directora del SAMUR, Esperanza Junquera, adelantada por El Mundo: "Desde hace unas semanas, trabajadoras del Samur, que utilizaban el vestuario masculino para cambiarse de ropa y ducharse, son actualmente usuarias del vestuario femenino, creemos, por lo que manifiestan, por un cambio de identidad sexual. Este hecho conlleva que, en pleno uso de sus derechos, recorren la dependencia, se cambian de ropa, se duchan y usan los inodoros. Asimismo, utilizan los aseos y cuartos de baño femeninos de todas las dependencias del servicio".

"Varias trabajadoras de Samur, al compartir vestuario, hemos sido vistas desnudas o en ropa interior, cuando estamos desnudándonos o vistiéndonos para el cambio de uniformidad, sintiéndonos muy incómodas por ello. Estos sentimientos se les han expresado a las nuevas usuarias, que, innecesariamente bajo nuestro parecer, recorren casi la totalidad de las dependencias, atravesando de extremo a extremo del pasillo central y haciendo uso de las duchas y aseos de la zona más distante a la ubicación de sus taquillas, cuando disponen de unos muy próximos a ellas. En estas ocasiones se les ha solicitado que el respeto sea mutuo y que intenten evitar estas situaciones. Sorprendentemente, la respuesta de alguna de ellas ha sido: 'No me da la gana', 'este es mi vestuario', 'este es mi derecho', 'entro y salgo por donde me da la gana'. Todos conocemos sus derechos y los respetamos, pero sus respuestas, con actitud desafiante, denotan una falta de decoro y respeto hacia las compañeras que resulta intolerable". 

Insistimos, la ley es muy clara: reconoce la identidad de la persona trans a través de un procedimiento administrativo en el Registro Civil, donde la persona interesada expresará su voluntad ante el funcionario y será efectivo a los tres meses cuando ratifique su deseo. Así, elimina cualquier informe o diagnóstico médico o psicológico que acredite su disforia de género y la necesidad de haber recibido un tratamiento de hormonas de al menos dos años. Entonces, ¿por qué en este caso hablaríamos de fraude de ley?

Y más, la ley es obra de Irene Montero, pero sigue vigente gracias al apoyo de la socialista Ana Redondo.