En lo que va de año han desembarcado en Italia un total de 127.207 inmigrantes, casi el doble que los 66.237 del mismo periodo del 2022 y el triple que en el de 2021 (42.750). 

Y a la isla italiana de Lampedusa, cercana a África, han llegado en los últimos tres días 10.000 inmigrantes ilegales. Cuando en la propia isla viven 6.000 habitantes. 

Es fácil imaginar lo que se le ha venido encima a este territorio italiano. Esto es lo que dice su teniente de alcalde, Attilio Lucia, que no está precisamente muy contento con la situación:  "Los refugiados no son bienvenidos. Lampedusa debe ser libre. ¡Queremos vivir del turismo y de la pesca, nada más!"

Ante semejante invasión, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, invitó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a visitar la isla italiana. Pero antes Meloni se dirigió a los países de la Unión Europea para crear una «misión naval europea» con el objetivo de atajar la crisis migratoria. 

Meloni también se dirigió a la nación y a las mafias de la inmigración ilegal en estos términos: "Italia y Europa no pueden acoger a esta masa enorme de personas, particularmente cuando el flujo migratorio es gestionado por traficantes sin escrúpulos y se mueve por rutas ilegales". "No conviene fiarse de los traficantes de personas. Os pedirán mucho dinero y os meterán en pateras que no están preparadas para ese viaje". "Si entras ilegalmente en Italia, serás detenido y repatriado". “Nuestra situación no permite hacer otra cosa". 

Durante la visita de Von der Leyen a Lampedusa, Meloni añadió: "Nos enfrentamos a un flujo de tal envergadura que si no trabajamos seriamente todos juntos este fenómeno abrumará primero a los países fronterizos, y luego, a todos los demás". “La única forma de abordar seriamente el problema es frenar las salidas ilegales. Es lo que nos piden los ciudadanos europeos y también los inmigrantes legales y refugiados”. “No considero esta visita como un gesto de solidaridad de Europa hacia Italia, sino más bien como un gesto de responsabilidad de Europa hacia sí misma, porque estas son las fronteras de Italia, sin duda, pero también son las fronteras de Europa". 

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea dijo: “He venido a Lampedusa para decir que la inmigración ilegal es un desafío europeo y requiere una respuesta europea”. “Los traficantes son gente sin escrúpulos, engañan a las personas y las ponen a riesgo solo para ganar dinero”. "Nosotros seremos quienes decidiremos quiénes entran en la UE y en qué circunstancias, no los traficantes de seres humanos". "La migración irregular es un desafío europeo que necesita una respuesta europea. Exhortamos a los otros Estados miembros a utilizar el mecanismo de solidaridad voluntaria". 

Von der Leyen presentó un plan entre cuyos puntos figura, por ejemplo, “incrementar las devoluciones asumiendo un enfoque nuevo y coordinado entre los principales países de origen de las nuevas llegadas, es decir, Guinea, Costa de Marfil, Senegal y Burkina Faso para mejorar la cooperación y facilitar la readmisión”. Así como “reforzar el apoyo” a Italia de la Agencia de Asilo de la Unión Europea y la Guardia de Fronteras y Costas Europea (Frontex) para “gestionar el elevado número de migrantes” y “garantizar el registro” de quienes lleguen a Europa mediante la toma de huellas, información y redirección a “las autoridades adecuadas”. 

El plan de Von der Leyen también contempla “apoyar el traslado de personas de Lampedusa” a otros países a través del mecanismo voluntario de solidaridad “con especial atención a los menores no acompañados y a las mujeres”. La estrategia resalta también la importancia de “evitar las salidas” de los países de origen fomentando el acercamiento a sus gobiernos y combatiendo las mafias de tráfico de seres humanos en estos países y también en los territorios de tránsito.

Imaginémonos ahora la siguiente hipótesis: a Lampedusa han llegado 10.000 inmigrantes ilegales a una isla con una población de 6.000. ¿Qué pasaría si a España, país con 48 millones de habitantes, llegasen 50 millones de inmigrantes ilegales?

¿Cuál es la respuesta de la Doctrina Social de la Iglesia a la inmigración? 

Hace un tiempo Religión en Libertad recogió un estudio del periodista italiano Julien Langella sobre este tema, donde se preguntaba: 

¿Realmente la doctrina social de la Iglesia obliga a aceptar e incluso fomentar una inmigración ilegal y culturalmente heterogénea como la que está recibiendo Europa? Langella recuerda que, para la doctrina católica, el principio político que prima es el bien común, no la convivencia multicultural. 

Por ejemplo, Juan Pablo II afirmó que el ejercicio del derecho a emigrar "ha de ser reglamentado, porque una aplicación indiscriminada ocasionaría daño y perjuicio al bien común de las comunidades que acogen al migrante".

Por su parte, Benedicto XVI fue aún más preciso: "Los Estados tienen el derecho de regular los flujos migratorios y defender sus fronteras, asegurando siempre el respeto debido a la dignidad de toda persona humana. Los inmigrantes, además, tienen el deber de integrarse en el país de acogida, respetando sus leyes y la identidad nacional".

En cuanto a Francisco, Langella señala que ha habido un "viraje" en esas cautelas desde su viaje a Lampedusa el 8 de julio de 2013 y recuerda que también ha apelado al realismo en la cuestión migratoria, como en su discurso de 2016 al cuerpo diplomático: "Ante la magnitud de los flujos y sus inevitables problemas asociados han surgido muchos interrogantes acerca de las posibilidades reales de acogida y adaptación de las personas, sobre el cambio en la estructura cultural y social de los países de acogida, así como sobre un nuevo diseño de algunos equilibrios geopolíticos regionales. Son igualmente relevantes los temores sobre la seguridad, exasperados sobremanera por la amenaza desbordante del terrorismo internacional”.

Imaginémonos ahora la siguiente hipótesis: a Lampedusa han llegado 10.000 inmigrantes ilegales a una isla con una población de 6.000. ¿Qué pasaría si a España, país con 48 millones de hábitats, llegasen 50 millones de inmigrantes ilegales

En definitiva: el discurso progre --seguramente bienintencionado-- de que hay que acoger a los inmigrantes ilegales como un deber de humanidad choca con la doctrina del bien común: si a España llegasen 50 millones de inmigrantes ilegales, los servicios públicos colapsarían y entonces ya no se podría atender a los nacionales, que para un Gobierno de cualquier país es su primera obligación (lo dice el sentido común, ¿no?). 

También choca con, por ejemplo, la negativa de esos mismos progres a acoger inmigrantes ilegales en sus propias casas. 

Lo ideal, entonces, es potenciar y fomentar desde los países más desarrollados el progreso de los no desarrollados para que sus habitantes, en especial jóvenes, puedan quedarse en su propio país para sacarlo adelante y ganarse la vida con dignidad. 

Y también, combatir a las mafias de la inmigración ilegal que se forran traficando con seres humanos, algo que va contra la propia dignidad humana de esas personas. Porque, como decía Benedicto XVI, "los Estados tienen el derecho de regular los flujos migratorios y defender sus fronteras, asegurando siempre el respeto debido a la dignidad de toda persona humana".