Como les contamos en Hispanidad, el pasado 3 de abril de 2025, entró en vigor una peculiar obligación incluida en la Ley de Eficiencia de la Justicia: la obligación de los propietarios de negociar con los okupas antes de acudir a los juzgados. Es más, los propietarios tendrán que “acreditar que se ha intentado una actividad negociadora previa y cumplir el requisito de procedibilidad, dicha actividad negociadora o el intento de la misma deberá ser recogida documentalmente”, sino, el Juzgado podría no admitir la demanda. 

Así, el propietario debe iniciar la negociación y si el okupa pasa, en 30 días se pueden emprender acciones. Pero, ¿y si responde? Pues si se ha iniciado la negociación y no se llega a una acuerdo, tras 90 días desde esa primera reunión también se da por finalizado el plazo de negociación. La norma afecta a casos con okupas e inquiokupas, siendo el dueño el que tiene la obligación de acudir a su casa usurpada a hablar con el okupa. El objetivo de esta enmienda es que se llegue a un acuerdo extrajudicial para agilizar el proceso de desalojo, pero ha tenido otro efecto muy beneficioso para el Gobierno. 

¿Recuerdan a Marlaska y a Sánchez defender que la okupación no existe porque son un porcentaje mínimo del total de las denuncias? Pues bien, la obligación de negocias ha hecho que se frene un 36% la entrada de denuncias en los tribunales. El Economista ha accedido a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del año 2025, en ese ejercicio entraban de media 13.595 demandas de desahucio contra los inquiokupas (13.563 en el primer trimestre y 13.628 en el segundo), a partir del tercer trimestre los asuntos cayeron un 36%, con 8.717 de media (8.647 en el tercer trimestre y 8.787 en el cuarto). Dato que también contrasta con las estadísticas de 2024, donde la media de demandas fue 12.334.

¿Lo ven? La okupación es un bulo. Como han asegurado desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación: "No solucionan el problema. Impiden que llegue a la Justicia".