El rey Felipe VI ha presidido hoy la apertura del año judicial, en la que han intervenido el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y el presidente del Tribunal Supremo (en funciones), Francisco Marín Castán.

El primero, García Ortiz -como se sabe, nombrado por el régimen sanchista- ha obviado cualquier referencia a la petición de amnistía realizada por el prófugo de la justicia Carles Puigdemont. Pero eso sí: ha defendido su supuesta independencia e imparcialidad, algo que a estas alturas cualquier persona bien informada pone en duda: «Puede estar tranquila la ciudadanía, pues la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles, a balances en la toma de decisiones y a garantías en nuestra actuación individual».

También ha acusado a quienes realizan un discurso negacionista de la violencia contra las mujeres. Al fiscal habría que preguntarle: ¿Quiénes son? ¿Quiénes niegan que exista violencia contra las mujeres? Porque Vox no la niega, lo único que hace es denunciar que también hay violencias contra otras personas sobre las que no se pone el foco y también defiende la presunción de inocencia de todo el mundo. 

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Estas han sido las palabras del fiscal general del régimen sanchista: “El discurso negacionista influye directamente en la protección de las mujeres. España es un referente en la lucha contra la violencia de género y no podemos ni debemos retroceder”. «Como sociedad hemos de reivindicar la lucha de las mujeres y los logros del feminismo comoMotor de transformación social, evidenciando y combatiendo patrones de conducta incompatibles con los valores democráticos». 

Por otra parte, García Ortiz ha defendido el criterio del Ministerio Público a la hora de interpretar la ley del 'sólo sí es sí' por medio del decreto que firmó en noviembre de 2022 porque permitió establecer criterios uniformes de actuación respecto a las revisiones de sentencias firmes. 

"Los criterios establecidos, primero en el decreto y después en la Circular 1/2023, de 29 de marzo, fueron avalados y asumidos por la Junta de Fiscales de Sala. Aplicados en todo el territorio, son el reflejo preciso de la necesidad, en garantía de la seguridad jurídica y de la igualdad, de que el mismo criterio jurídico sea defendido ante todos los tribunales e instancias de España", ha sostenido en su discurso en el acto de apertura del año judicial.

Marín ha descrito como “desolador” el estado del alto tribunal, donde el número de vacantes ha alcanzado hoy las 23

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo (en funciones), Francisco Marín Castán, ha denunciado que en el último año los graves problemas que afectan al funcionamiento del Poder Judicial no han hecho más que empeorar como consecuencia de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y de que no se hayan provisto las plazas vacantes del alto tribunal y de muchos otros órganos jurisdiccionales, informa el CGPJ. 

Así, tras preguntarse si es compatible con la normalidad democrática la existencia de un CGPJ cuyo mandato lleva agotado casi cinco años y la de un Tribunal Supremo cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30 por ciento y algunas de cuyas salas se hallan al borde del colapso, Marín ha descrito como “desolador” el estado del alto tribunal, donde el número de vacantes ha alcanzado hoy las 23. 

“La primera víctima de esta situación es sin duda el justiciable: ciudadanos y ciudadanas, empresas e instituciones públicas y privadas que están viendo cómo la tutela de sus derechos consagrados en la Constitución se ve mermada de forma inadmisible. Un justiciable que contempla con perplejidad cómo los actores políticos, los representantes políticos elegidos en las urnas, se muestran incapaces de alcanzar los acuerdos necesarios para poner fin a esta situación”, ha dicho el presidente del TS. 

Francisco Marín ha recordado que la independencia judicial es un principio fundamental de nuestro sistema democrático y que los ataques a la misma pueden tener diversos orígenes y mostrar múltiples variantes: en ocasiones son comportamientos activos, de intromisión directa o indirecta en la toma de decisiones judiciales para influir en ellas, procedentes incluso de los propios dirigentes políticos; y otras veces omisivos, “mucho más sutiles y por ello más peligrosos para el funcionamiento del sistema democrático, porque sus efectos perniciosos se despliegan no respecto de una decisión judicial concreta, sino respecto del propio funcionamiento del Poder Judicial, con el efecto, preconcebido o no, de provocar su desprestigio, debilitarlo y, si llega el caso, desviar la atención pública de otras cuestiones”. 

“Así, si el Consejo General del Poder Judicial tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma no  deja de ser una  manera de  cercenar la  plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida”, ha señalado. 

En este sentido, el presidente del Tribunal Supremo ha indicado que cuando las dilaciones que sufren los procedimientos “son debidas a la ausencia de los acuerdos políticos necesarios para asegurar la renovación de los órganos de gobierno que tienen, entre otras, la función de efectuar los nombramientos de altos cargos judiciales, son los mismos cimientos del sistema constitucional los que se ven afectados”. 

“De alguna manera, lo que está fallando es el impulso democrático”, ha dicho Marín, que ha afirmado que fue esa falta de impulso o de voluntad de los actores políticos la que condujo -en lo que ha llamado “uno de los episodios más tristes de nuestra historia constitucional”- a la renuncia del presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, cuya dimisión “fue, por tanto, consecuencia de un movimiento sísmico institucional de efectos devastadores para nuestro sistema de justicia” que, más allá de la esfera española, se han trasladado también al ámbito europeo. 

“El enfrentamiento abierto y reiterado entre las diferentes fuerzas políticas en lo tocante al Poder Judicial acaba generando una perniciosa percepción de las instituciones y del quehacer jurisdiccional en la ciudadanía. Una percepción que, aun cuando no se ajuste a la realidad, es ya de por sí enormemente dañina”, ha concluido el presidente del Supremo, que, sin negar la legitimidad de la lucha política, ha llamado la atención sobre la necesidad de acompañar el debate ideológico “con esfuerzos serios y leales de consenso en asuntos nucleares para el Estado, como lo es la Justicia”. 

Dada la gravedad de la situación, el presidente del Tribunal Supremo ha sugerido en este punto algunas líneas maestras por la mejora de la Justicia que podrían ser asumidas por los actores político-institucionales, entre ellas que la renovación del CGPJ se produzca con arreglo a los tiempos marcados por la Constitución; que las políticas relacionadas con el Poder Judicial se formulen buscando consensos amplios y evitando las acciones o iniciativas que comprometan su independencia; o que los nombramientos de altos cargos judiciales se lleven a cabo con el máximo respeto a los principios de mérito y capacidad, “evitando cuotas o equilibrios derivados de afinidades ideológicas o similares”. 

Ha abogado asimismo por que la elección de los vocales del Consejo se efectúe con arreglo a lo previsto en la Constitución y atendiendo a los estándares marcados por Europa y por que la de la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ se haga “sin intervención de las fuerzas políticas”. 

“También nosotros, los miembros del Poder Judicial, deberíamos esforzarnos no solo con nuestras sentencias, sino con nuestras actitudes, en dejar bien claro que, como cualquier otro cuerpo profesional, somos plurales y tenemos visiones y entendimientos del Derecho que no siempre han necesariamente de coincidir, pero que en ningún caso somos poleas de transmisión de agendas políticas”, ha añadido. 

Por último, Marín ha dicho que cuando la crisis en la que se encuentran las instituciones judiciales llegue a su fin y el CGPJ tenga que afrontar los numerosos nombramientos pendientes “será necesario proveer cuanto antes esas designaciones, pero al mismo tiempo nadie debería caer en la tentación de aprovechar la ocasión para obtener ventajas políticas”. En cuanto a las vacantes del Tribunal Supremo, ha señalado que la designación de nuevos magistrados “es urgente, sí, pero no debe hacerse de manera apresurada, sino con prudencia y reflexión, de modo que la necesaria incorporación de savia nueva se acompase, sin trastocarlo, al funcionamiento de una institución que supera los dos siglos de historia”. 

El presidente del Tribunal Supremo ha finalizado su discurso emplazando pública y solemnemente a los responsables de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria “para que, con urgencia, alcancen un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial”. 

“La democracia exige mucho de sus partícipes. Tanto, que hay momentos en los que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos, e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria, en favor de principios constitucionales más elevados. No es tarea fácil, pero la buena salud de las instituciones bien vale el esfuerzo”, ha manifestado Marín, que ha concluido diciendo que “el Tribunal Supremo necesita, cuanto antes, volver a la normalidad, y no puede hacerlo sin una acción política decidida para ello. Es la hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas. Sería una enorme decepción sentir su falta”.