La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior ha recibido 163.218 solicitudes de protección internacional en 2023, un 37 por ciento más que en el año anterior y la mayor cifra desde la creación de la oficina en 1992, según los datos provisionales cerrados a 31 de diciembre. Naturalmente, uno de esos 'hechos históricos' de nuestro Gobierno, cuando la realidad es que el derecho al asilo se ha convertido en un coladero para la inmigración ilegal. 

El derecho de asilo es un derecho internacional, en España, el artículo 23.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece que la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, será el órgano competente para la tramitación de las solicitudes de protección internacional. 

La condición se reconoce a toda persona que, "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él".

Y hace años así era, su uso era muy limitado solicitada por personas en verdadero riesgo, pero ahora, se utiliza como si de un procedimiento ordinario para conseguir la nacionalidad más se tratase, por personas que pretenden regularizar su situación sin estar en ninguna situación de peligro.

Según datos del Ministerio de Interior, en 2017 se registraron 31.740 solicitudes; en 2018 el número empieza a subir, a 55.749; en 2019, con Sánchez ya instalado, el número se disparó hasta los 118.264 solicitantes; en 2020, con la crisis sanitaria la cosa se moderó levemente y se registraron 88.762. Y en 2023 llegamos al récord de 163.218 solicitudes. 

Algo muy significativo es el lugar de la presentación de la solicitud: la mayoría se presentan en territorio nacional. Por ejemplo, en 2019, se presentaron en un C.I.E. 2.164 solicitudes, 307 en embajadas, 7.020 en un puesto fronterizo y 108.773 en el territorio nacional, y esta tendencia se repite año tras año. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que son personas que no están buscando la vía para huir del país, sino que ya viven fuera de éste, en concreto, en España y de manera ilegal.