El informe fechado a finales de julio de este año, presentado por el exministro Ángel Gabilondo, actual Defensor del Pueblo, sobre la situación de los menores tutelados por la Administración nos deja un plano muy controvertido… El dato más relevante es que el 17,6% de los menores bajo la tutela del Estado afirman haber sufrido algún tipo de abuso sexual.
Durante años, no olvidemos a la exministra Isabel Celaá (hoy embajadora de España ante la Santa Sede), cuando se aventuró a decir que «los niños no son de los padres», el Estado se apresuró a decir que constituye la máxima garantía para proteger a la infancia cuando las familias no pueden hacerlo. Entonces, no nos queda otra que concluir que cuando la Administración asume la tutela legal de un menor, también asume la responsabilidad que garantiza su integridad física, psicológica y moral. Pero si casi dos de cada diez menores tutelados denuncian haber sufrido violencia sexual, ¿qué está sucediendo en realidad con esos menores de los que nadie responde por ellos?
La gravedad aumenta al comprobar el enorme contraste del discurso político de los últimos años, porque parece que buena parte de los esfuerzos institucionales se han concentrado en investigar exclusivamente los abusos cometidos en el ámbito de la Iglesia católica, una realidad que es abiertamente conocida y públicamente reparada, y que además representaba una parte muy reducida del conjunto de los abusos sexuales contra menores en España. Sin embargo, la inmensa mayoría de las víctimas continúa produciéndose en ámbitos familiares, educativos, y peor, a la sombra de los responsables institucionales con toda la cadena jerárquica que los sostiene.
Muchas instancias políticas, jurídicas, mediáticas y sociales criticaron el estudio de los abusos en el seno de la Iglesia, que presentó Ángel Gabilondo en octubre de 2023, cuando fue un estudio solicitado por el Gobierno -ya es mala praxis-, amparado en “recortes de prensa” de El País. Las quejas y las dudas que suscitaron tal investigación resultaban evidentemente sectarias al considerar que la orden era discriminatoria al limitar la investigación únicamente a una institución concreta, dejando fuera el resto de ámbitos donde también se producían, y se producen, abusos contra menores. Si el objetivo era dar a conocer la verdadera dimensión del problema y proteger mejor a las víctimas, ¿no era lo lógico analizar todas las realidades con el mismo rigor? Ni el Gobierno hizo nada por esclarecer los hechos ni los medios de comunicación abrieron un solo minuto de sus espacios para reclamar una justicia proporcional.
El caso de los abusos a menores en los centros de acogida dependientes del Estado, nos lleva hasta la siguiente cuestión, todavía si cabe más inquietante. Cuando el agresor actúa dentro de un sistema de tutela pública, el Estado pasa de ser su único protector, a ser la mano que mece la cuna del delito, como ya ha sucedido en otras ocasiones en España.
Todos recordamos los hechos acaecidos en Mallorca, cuando salieron a la luz diversos casos de explotación y abusos sexuales que afectaban a menores tuteladas por el Consell de Mallorca, precisamente cuando presidía la comunidad balear la socialista Francina Armengol -hoy presidenta del Congreso de los Diputados, que representa el tercer cargo con más poder en España-, y la consejera, también socialista, Cati Cladera, que no quisieron saber nada del asunto y cerraron filas incluso desde los puritanos de lengua larga de Podemos, con Irene Montero como lideresa del partido. El resultado fue que se cerrara en falso sin ninguna investigación. Las denuncias realizadas por algunas víctimas -la primera de ellas por una menor de solo 13 años de edad-, y por trabajadores de los propios centros, proporcionaron una fuerte polémica política y social acerca de la falta de respuesta institucional.
Otro episodio de enorme repercusión pública fue el denominado caso Oltra, denunciado por la periodista Cristina Seguí, derivado de la condena del exmarido de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra por abusos sexuales a una menor tutelada directamente en la residencia de la pareja. Aquel asunto abrió un intenso debate sobre la actuación de las instituciones autonómicas y sobre si se intentó proteger más la imagen política que la dignidad de la abusada, antes que esclarecer plenamente los hechos.
Entonces, ¿por qué determinadas instituciones reciben una atención mediática permanente mientras que escándalos, que afectan directamente a administraciones públicas financiadas con dinero de todos, apenas tienen foco mediático, a no ser que sea desde la iniciativa particular? Esta pregunta nos lleva a concluir que la protección de los menores se ha convertido en un arma ideológica que se usa como metralla según la institución a la que se refiera. ¿Acaso no merece cada víctima exactamente la misma atención, independientemente del lugar donde se produzca el delito o de quién sea el responsable? ¿Dónde está el lema de “todos iguales ante la ley”, o solo es un eslogan?
El dato del 17,6 % no admite excusas ni desvíos del debate. Exige transparencia, investigaciones independientes, depuración de responsabilidades y reformas profundas desde el propio sistema de protección. Todo lo demás corre el riesgo de convertirse en una cortina de humo que aleje la atención del verdadero drama, porque miles de menores que, precisamente bajo la protección del Estado, afirman no haber sido protegidos.
De todos los delitos de corrupción, el más inmoral y zafio es el de la corrupción de los menores, precisamente por la indefensión en la que se encuentra frente al corruptor, y en esto debemos ser implacables con el delincuente y aquellos que los amparan, aunque sea con el silencio.
La pederastia en la Iglesia y la sociedad (Sekotia), de Josep Miró i Ardèvol. La violencia sexual contra menores constituye una de las mayores tragedias ocultas de España. Este libro examina, a partir de datos oficiales e investigaciones, cómo el foco institucional se dirigió casi exclusivamente hacia la Iglesia mientras miles de víctimas permanecían fuera del debate público. Una investigación que cuestiona las prioridades políticas y reclama una protección efectiva para todos los menores.
Detrás del escándalo político (Tusquets), de Fernando Jiménez. Los escándalos políticos no solo revelan conductas irregulares, sino que también condicionan la confianza de los ciudadanos en quienes gobiernan y en las propias instituciones. A través del análisis de los casos Straperlo, Nombela, MATESA y Guerra, esta obra muestra cómo, en distintos periodos de la historia de España, la relación entre el poder político y los intereses económicos ha sido el origen recurrente de las mayores crisis públicas.
Abuso sexual infantil (Digital Reasons), de Blanca Vázquez Mezquita. Este libro ofrece una mirada rigurosa al fenómeno de los abusos sexuales contra menores desde la experiencia de una psicóloga especializada. Analiza el perfil y las estrategias de los agresores, el impacto que sufren las víctimas, las posibilidades de prevención y las claves del proceso judicial, respondiendo a cuestiones esenciales para comprender una de las formas de violencia más devastadoras contra la infancia.
