Las denuncias por okupaciones de vivienda en 2024 han repuntado un 7,4%, con 16.426 casos registrados por las Fuerzas de Seguridad. Cataluña sigue liderando el ranking con 7.009 denuncias, representando el 42% del total nacional, con un aumento del 12% respecto al año anterior. El Gobierno continúa negando la realidad y asegurando que la okupación es un bulo, por lo que no sólo no toma medidas sino que mantiene el Real Decreto 11/2020.
Ante la desesperación ciudadana las secciones penales de la Audiencia de Barcelona han acordado que cortar la luz o el agua en viviendas okupadas no será delito de coacciones como venía sucediendo hasta ahora. Sin embargo, han evitado avalar los desalojos exprés sin autorizacion judicial, como han hecho jueces de otras provincias.
El acuerdo es fruto de la reunión que el pasado viernes mantuvieron los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona con la que buscaban unificar sus criterios de actuación.
Uno de los criterios del acuerdo es que no se considerará delito de coacciones que el propietario de una finca objeto de allanamiento "no mantenga el alta de los suministros o el abono de los mismos". El acuerdo se difundirá entre todos los jueces de Barcelona, la Fiscalía y los colegios de la abogacía.
