He aquí al parecer, uno de los grandes problemas de España. El desnortado Sánchez ha encontrado una nueva palabra a la que agarrarse y la repite con esa insistencia propia de quien necesita imponer un asunto en la conversación pública para evitar hablar de otros. El ático adquirido por una empresa pública de la Comunidad de Madrid, es uno de los argumentos favoritos del presidente del Gobierno. En casi todas sus intervenciones, el desvalido mental vuelve sobre el «aticazo» como si aquellos metros cuadrados madrileños fueran la causa de nuestros males o el asunto que verdaderamente preocupa a los españoles.

Que se investigue el ático, pero en una situación de gravedad como la que estamos sufriendo, que no nos vengan con latiguillos ridículos. Para eso están los tribunales, la fiscalización administrativa y la oposición política para exigir todas las responsabilidades que correspondan. Pero precisamente por ello resulta grotesco convertir este asunto en una obsesión presidencial, como si España entera debiera despertarse cada mañana pendiente de una terraza de Chamberí.

Es difícil no advertir la maniobra. Cuando no se consigue dominar los acontecimientos se procura dominar el relato; cuando tampoco este se domina, se busca una palabra fácil de repetir que desplace la conversación. «Aticazo» reúne todas las condiciones. Suena bien para un mitin, cabe en un titular, permite señalar a Ayuso y distrae durante unas horas de aquello que incomoda mucho más al Gobierno. El desnortado Sánchez parece haber descubierto así su particular salvavidas semántico: pronunciar «aticazo» cada vez que la realidad llama a la puerta. Pero mientras Sánchez mira hacia el ático, España tiene que mirar hacia Ceuta.

Cuando no se consigue dominar los acontecimientos se procura dominar el relato; cuando tampoco este se domina, se busca una palabra fácil de repetir, que desplace la conversación

Allí no estamos hablando de una operación inmobiliaria, sino de una frontera española y europea sometida a una crisis extraordinaria. Unas 80.000 personas cruzaron hacia Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, según las cifras manejadas por el propio Gobierno, en un episodio cuya verdadera naturaleza investiga ya la Audiencia Nacional. La cuestión ha adquirido tal gravedad que el fiscal jefe de ese tribunal ha asumido personalmente el informe sobre lo sucedido, mientras documentos policiales han confirmado que agentes marroquíes y el reino de Marruecos, han facilitado deliberadamente aquellas entradas. No estamos por tanto, ante una anécdota fronteriza que pueda despacharse mediante eufemismos.

Sin embargo, la prensa no libre, los palmeros habituales y buena parte del aparato político próximo al Gobierno continúan recurriendo a la genérica expresión de «presión migratoria», como si semejante fórmula bastara para explicar cuanto ha sucedido. Las palabras nunca son inocentes cuando sirven para ocultar la naturaleza de los hechos. «Presión migratoria» puede significar un aumento gradual de llegadas. Pero cuando decenas de miles de personas atraviesan una frontera durante un periodo excepcionalmente breve, cuando existen investigaciones judiciales sobre una posible acción coordinada y cuando la seguridad de una ciudad española queda comprometida, estamos ante algo bastante más grave. Es una invasión en toda regla.

Y junto con ese eufemismo aparece una segunda perversión. Se invocan constantemente los derechos humanos de quienes entran irregularmente en España, derechos que naturalmente existen y deben ser respetados, pero se silencian los derechos humanos de quienes ya viven allí. Parece como si el concepto hubiera sido privatizado por una sola parte del problema. ¿Acaso los ciudadanos de Ceuta carecen de derechos? ¿No tienen derecho a la seguridad, a la salubridad, al orden público, al normal funcionamiento de hospitales, colegios y servicios municipales? ¿No tienen derecho a circular tranquilamente por su ciudad y a que el Estado garantice que la frontera española continúa siendo efectivamente una frontera? La verdad que representan los derechos de los invadidos, no puede tener el mismo tratamiento que la mentira que representan los invasores.

¿Acaso los ciudadanos de Ceuta carecen de derechos? ¿No tienen derecho a la seguridad, a la salubridad, al orden público, al normal funcionamiento de hospitales, colegios y servicios municipales?

El humanitarismo selectivo constituye una de las mayores imposturas de nuestro tiempo. Reconocer la dignidad de quien llega no obliga a negar los derechos de quien recibe. Una democracia seria puede y debe hacer ambas cosas al mismo tiempo: auxiliar a quien se encuentra en situación de necesidad y proteger a sus propios ciudadanos. Lo contrario conduce a una grotesca inversión moral por la cual cumplir la ley comienza a presentarse como crueldad, mientras incumplirla adquiere una especie de superioridad ética.

Defender las fronteras tampoco es una opción ideológica del Gobierno ni una concesión que pueda otorgarse dependiendo de las conveniencias políticas del momento. Es un imperativo legal. La Constitución atribuye al Estado las competencias exclusivas en materia de inmigración y extranjería y le reserva igualmente la seguridad pública. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad corresponde proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. España forma además parte del espacio Schengen, cuya frontera exterior pasa precisamente por Ceuta. Defenderla no es fascismo, xenofobia ni insolidaridad. Es cumplir la ley.

Esta obviedad elemental parece necesitar ser recordada a la España actual de la izquierda globalísta que presume de postulados wokistas. Un Gobierno puede decidir cómo organizar sus efectivos, qué medidas diplomáticas adoptar, qué instrumentos europeos solicitar o qué política migratoria impulsar dentro de la legalidad. Lo que no puede decidir un Gobierno, es abandonar de hecho el ejercicio de una competencia esencial del Estado y después revestir esa renuncia con discursos sentimentales. La soberanía no se ejerce a conveniencia.

Reconocer la dignidad de quien llega no obliga a negar los derechos de quien recibe

La gravedad aumenta al comprobar que ahora conocemos la existencia de avisos anteriores a la avalancha. El Gobierno ha anunciado la publicación de un dosier con informes policiales y de inteligencia previos a las entradas de finales de julio. Sánchez sostiene que ninguno permitió anticipar la magnitud de lo que ocurriría, mientras se ha conocido que existieron notas policiales durante los días 28 y 29 alertando de posibles entradas coincidiendo con fechas especialmente sensibles en Marruecos. La cuestión ya no consiste solamente en saber qué ocurrió, sino también qué sabía el Gobierno, cuándo lo supo y qué medidas adoptó. Y ante estas preguntas aparece nuevamente nuestro hombre y su ático. «Aticazo», como si repetir la palabra pudiera borrar Ceuta. Como si seis millones de euros en un inmueble madrileño explicaran la ausencia de previsión en una frontera internacional. Como si la responsabilidad política de un Gobierno pudiera neutralizarse señalando constantemente hacia el adversario. El desvalido mental parece confundir nuevamente propaganda con Gobierno y repetición con argumento. Porque cada minuto dedicado al «aticazo» es un minuto durante el cual no tiene que explicar Ceuta. Ni las alertas previas. Ni la reacción del Gobierno.

Estamos nuevamente ante una de las perversiones del Frente Popular que nos desgobierna: elegir cuidadosamente las palabras para modificar la percepción de los hechos. A una entrada masiva se la denomina «presión migratoria»; a la defensa de una frontera se la presenta como falta de humanidad; a la inseguridad que soportan los ciudadanos se la esconde detrás de grandes proclamas morales; y mientras tanto un ático madrileño se eleva artificialmente hasta convertirlo en cuestión nacional.

No nos engañemos. Ceuta no necesita retórica. Necesita Gobierno. Necesita efectivos, capacidad de anticipación, autoridad, diplomacia, cooperación europea y una afirmación inequívoca de que ninguna frontera española puede quedar al albur de los acontecimientos o de las decisiones de una potencia vecina. Y necesita algo todavía más elemental: que sus habitantes sepan que el Estado al que pertenecen considera sus derechos tan importantes como los de cualquier otra persona.

Pero la realidad tiene una desagradable costumbre: termina imponiéndose a la propaganda. Sánchez, ¡mire hacia el sur! Porque un ático puede venderse. Una frontera, no.