"Vamos a hablar con datos en la mano" anunciaba la alcaldesa de Mogán, en Más de Uno Canarias de Onda Cero. "En los seis primeros meses del año, en Mogán, se han registrado 38 detenciones. De esos arrestos policiales, el 95% corresponden a magrebíes menores de 30 años. Algo está pasando y, aunque no se quiera hablar, es evidente. No quiero generalizar, ojo, porque en nuestro municipio tenemos una comunidad magrebí excelente, anclada en Mogán y con hijos moganeros que no se siente identificados con los que delinquen ni con lo que hacen: hurtos, violaciones... Pero esto es un problema que hay que afrontar, que merece un debate más profundo porque todo falla: el sistema, las administraciones, todo".

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La alcaldesa de Mogán señaló que "hay que poner todo sobre la mesa, porque hay falta de efectivos policiales. No podemos obviar que el Gobierno de España ha decidido no cumplir con la tasa de reposición. Además, la Delegación del Gobierno opta por callarse frente a problemas que ocurren en nuestras calles o decide convertir delitos graves en delitos leves para que la estadística no se estropée. La gente sabe lo que pasa en el Hoyo [Estación de San Telmo], en Santa Catalina... Pero nadie habla. Yo me estoy planteando dar datos después del verano para que se sepa la verdad".

La verdad es que los ciudadanos sí hablan, por ejemplo, el vecino al que Nacho Abad, presentador de 'Código 10', en Cuatro, le preguntaba a un vecino de Las Palmas "¿Por qué no están contentos?", sobre suceso en el que un marroquí okupa, con orden de expulsión incumplida, quemó viva a una menor. 

El hombre respondía al periodista de Cuatro, cuando este insistía en si ha aumentado la inseguridad a raíz de la inmigración ilegal : "No me estén haciendo estas preguntas porque ya tengo una edad, me parecen patéticas las preguntas que me están haciendo".

Y es que, a pesar del empeño del ministro Marlaska -y otros como el presidente de Canarias, Víctor Clavijo (Coalición Canaria y que gobierna en coalición con el PP)- en negar la relación entre inmigración ilegal y delincuencia, como decía la alcaldesa de Mogán, hablan las cifras. Así, tal como recogíamos en Hispanidad, en Baleares las violaciones aumentaron un 228%, desde 2017 (año en que Sánchez llegó al Gobierno). Y en Canarias, las denuncias por delitos contra la libertad sexual (agresiones sexuales, acoso, explotación sexual...) se incrementaron un 16%, pasando de 1.097 (2023) a 1.272 (2024). Las agresiones sexuales con penetración subieron un 10%, de 220 a 242.

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