Con un ‘macrodecreto’ cerraba el año el Gobierno, con un balance triunfal realizado por Pedro Sánchez de estos siete meses transcurridos desde que llegara a La Moncloa. El mismo Pedro Sánchez que allá por 2012 se preguntaba: ¿Se cambia un país por Decreto? ¿Sin el concurso de los actores que luego deben llevarlo a la practica? ¿No es mejor acordar antes que imponer? Después,en 2015, cuando era secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez se comprometía públicamente a “limitar” el uso de los decretos leyes a las "circunstancias indicadas para ello". Es decir, “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes. Deberán ser sometidos a debate y votación en el Congreso en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso deberá pronunciarse sobre su convalidación o derogación”.

Es lo que dice el artículo 86 de la Constitución, lo que se ha traducido en que, desde el 1 de junio, esta “extraordinaria y urgente necesidad” se ha materializado en 22 ocasiones. Se trata de una herramienta legislativa cuyo abuso supone enfrentarse a la calidad democrática que aleja al Estado español de un sistema parlamentario para avanzar hacia uno presidencialista. Curiosamente, ser presidente es lo que más le gusta a Pedro Sánchez, un estado al que llegó por medio de una moción de censura y que reivindica cada vez que puede.

Siete meses de decretos ley como el de las medidas urgentes de transición ecológica -conocido por el cuponazo eléctrico-, la sanidad universal y la devolución de los derechos a los inmigrantes sin papeles 

A estos 22 hay que sumar los aprobados en el último Consejo de Ministros del año. Concretamente el ‘macrodecreto’ recoge que las pensiones volverán a subir un 1,6%el próximo año tal y como dejó aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. También lo harán las pensiones de viudedad, que subirán en la cuantía que estaba previsto en los PGE. Incluye además la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos (RETA), acordada con los agentes sociales. El Ejecutivo también ha aprobado la bases máximas de cotización a la Seguridad Social y por último, también ha elevado las cotizaciones de los contratos de más corta duración para luchar contra el abuso de la precariedad. En concreto, la carga de cotización extra que soportan los contratos de menos de cinco días se subirá desde el 36% hasta el 40%.

Se ha utilizado también el decreto ley por el que se amplía la devolución del IRPF de prestaciones por maternidad y paternidad a los empleados públicos; un decreto ley que recoge la actualización -al alza o a la baja- de los valores catastrales mediante aplicación de coeficientes. Para el ejercicio 2019, se prevé la aplicación de coeficientes de actualización de valores catastrales a 1.179 municipios.

Hablamos de siete meses, entre los que se incluye el mes de agosto con poca actividad, en los que se han aprobado una batería de decretos ley, lo que supone una media de 3,4 decretos al mes. Así que, prácticamente en todas las circunstancias la oposición se encuentra con que lo toma o lo deja. Es lo que sucedió el viernes 21 de diciembre durante el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona o, lo que es lo mismo, en el ‘Consejo de todos los Consejos’. El Gobierno aprobó cuatro decretos ley: la subida del salario mínimo;la subida del sueldo a los funcionarios, uno de ayudas a las comarcas mineras y una trasposición de una directiva europea sobre marcas. 

Ha habido trasposiciones de directivas europeas, poco polémicas de aprobar, pero también normas muy políticas desde la exhumación de Franco a un decreto para combatir la burbuja del alquiler. El resto han sido asuntos de trámite necesario buscando el consenso, el decreto para que sean las entidades financieras y no los clientes como hasta ahora, las que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas; la implementación del Pacto de Estado de Violencia de Género (del Gobierno Rajoy), o la ampliación del programa de Activación de Empleo, así como la oferta extraordinaria de Empleo Público, cuestiones que tienen que pasar por el Parlamento. La ley de Memoria Histórica que el PSOE ha intentado enmendar para evitar que Franco vaya a La Almudena, por ejemplo, sigue en plazo de enmiendas porque la Mesa lo ha ido prorrogando. 

Pero también ha habido fiascos legislativos y sonados. Entre ellos se contabiliza el tapón del Congreso a la intención de introducir por vía de urgencia la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

El escenario es tan complicado que, ni el propio Ejecutivo, las tiene todas consigo en cuanto a la tramitación de los decretos como ley. El Ministerio de Transición Ecológica, por ejemplo, aprobó un decreto ley con medidas del sector eléctrico como la supresión temporal del impuesto del 7% para bajar el precio de la luz. Después, en el acuerdo presupuestario con Podemos incluyó otras medidas eléctricas como actuar frente a la retribución excesiva de la energía hidroeléctrica. Se da por hecho que se apruebe un nuevo decretazo. Sería el cuarto en la materia porque el de Industria, -que estuvo a un tris de perder la votación de un decreto ley que entre otras cosas prorrogaba el contrato de relevo, clave para las fábricas de coches-, incluía algunas medidas del sector eléctrico y el de la minería del carbón afectaba a los derechos de emisión de CO2.

Sánchez ha presentado además en estos meses las medidas urgentes de transición ecológica -conocido por el cuponazo eléctrico-, la sanidad universal y la devolución de los derechos a los inmigrantes sin papeles -algo que se venía practicando en casi todas las CCAA de España, empezando por Madrid-, o la polémica renovación por decreto del consejo de Administración de RTVE.

Pero también ha habido fiascos legislativos y sonados y, porqué no decirlo, algo sonrojantes. Entre ellos se contabiliza el tapón encontrado en el Congreso para introducir por vía de urgencia la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, haciendo uso de una ley orgánica que nada tenía que ver con la ley de estabilidad. Esta reforma pretende eliminar de la ley el derecho que el Senado tiene a tumbar la senda fiscal. En esta ocasión, Sánchez se alió con Unidos Podemos y también recibió el respaldo de otros grupos políticos, pero la Mesa del Congreso apeló a competencias reglamentarias, y frenó en seco la operación. Al apartado de fracasos hay que sumar el de RTVE. La disposición de renovar el organismo público sin consensuar con el resto de las fuerzas políticas, y sin tener en cuenta el cauce legal que el corresponde, se encontró con el rechazo de la Cámara. 

La ley de Memoria Histórica que el PSOE quiere enmendar para evitar que Franco vaya a La Almudena sigue en plazo de enmiendas porque la Mesa lo ha ido prorrogando

De lo ajeno también ha tirado el presidente, como ha quedado demostrado en el balance de fin de año, en el que se atribuye a sí mismo, la subida de las pensiones, del sueldo a los funcionarios y la mejora de prestaciones por viudedad. 

Y es que Sánchez se considera el artífice del cambio experimentado por España en estos últimos siete meses. “Hemos hecho más en siete meses que Rajoy en siete años”, ha afirmado.