En Venezuela, el pasado 14 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, anunció el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del período 2015-2020, prevista para arrancar el próximo 1 de agosto.
"En el marco de la convocatoria a la unidad nacional para enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico que nos enluta, y a los efectos del fortalecimiento de la democracia, anunciamos el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020 a partir del próximo primero de agosto", señaló en un comunicado el Parlamento presidido por Jorge Rodríguez.
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— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) July 14, 2026
En ese contexto, los opositores en el exilio, Edmundo González y María Corina Machado, emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron que no participarán en esos diálogos y añadieron que su posición estará determinada por “logros concretos y verificables”. Conviene recordar que Edmundo fue quien ganó las últimas elecciones en Venezuela. Que ahora no esté en esas conversaciones resulta, cuanto menos, llamativo.
Mensaje de María Corina Machado y Edmundo González a los venezolanos y la comunidad internacional pic.twitter.com/FL9Cvaw4BA
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 26, 2026
Cabe señalar que ese diálogo está respaldado por EEUU, hasta el punto de que Washington ha auspiciado reuniones preparatorias en Madrid, en las que estarán presentes Mauricio Claver-Carone, en representación de Marco Rubio como secretario de Estado, junto con la opositora venezolana Dinorah Figuera:
En mi condición de presidente de la @AsambleaVE asumo el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos, que permita abordar los temas fundamentales para consolidar… https://t.co/E0LDEXAv1s
— Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) July 14, 2026
El objetivo de EEUU es iniciar una transición democrática con varios hitos, como la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE); la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); una reforma de la legislación electoral; la devolución del control de los partidos políticos intervenidos judicialmente; garantías para la participación política y la libertad de prensa; y, finalmente, la celebración de elecciones libres.










