Lo cuenta Friday Fax, un comité de expertos en derechos humanos de la ONU informó al Gobierno de Guatemala que sus restrictivas leyes sobre el aborto deben cambiar, demostrando una vez más la injerencia internacional en la soberanía de los países.
Presión que ya hacía Biden cuando estaba al frente del Gobierno, pero a diferencia de esas 'recomendaciones' de YayoJoe, la opinión en este caso tiene un carácter vinculante limitado.
El Comité de Derechos Humanos, encargado de supervisar la implementación del tratado de derechos civiles de la ONU, declaró a la pequeña nación centroamericana que sus leyes sobre el aborto violan sus obligaciones en materia de derechos humanos.
La opinión de los expertos pide no solo el aborto legal, sino que también intenta redefinir el término técnico legal "embarazo forzado" para incluir cualquier negación del aborto.
Todo bien por los 'simpáticos' chichos de bufete de abogados abortero, Centro de Derechos Reproductivos, que aseguró en su informe que Guatemala había permitido que el sistema de salud pública perpetrara un "embarazo forzado" a una joven de 14 años. A la niña se le negó un aborto bajo la legislación guatemalteca y, como consecuencia, se quejó de depresión y pensamientos suicidas. Este bufete internacional especializado en aborto, con un presupuesto anual de 40 millones de dólares, promueve el derecho internacional al aborto mediante litigios internacionales y nacionales en todo el mundo.
En este caso, el Centro de Derechos Reproductivos consiguió convencer al Comité de Derechos Humanos de que la negación del aborto constituye un "embarazo forzado" y que esto supone una violación del tratado de derechos civiles de la ONU. Al aceptar esta caracterización, los expertos del Comité de la ONU manifestaron su disposición a declarar cualquier negación del aborto como una violación de los derechos humanos, sentando un peligroso precedente.
Ahora, el gobierno de Guatemala está obligado a tomar en consideración las opiniones del comité. Y ojo, porque la ONU se encuentra en nogociaciones sobre un nuevo tratado sobre crímenes de lesa humanidad, en el que se podría incluir la definición de embarazo forzado.
También se espera que la opinión contribuya a las negociaciones en curso sobre un nuevo tratado de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad, a cargo del comité jurídico de la Asamblea General. Uno de los temas más controvertidos en dicha negociación es la definición de embarazo forzado. Algunos países, como el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá y los países nórdicos, desean una definición amplia que incluya cualquier negación de servicios e información sobre salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto, la atención que reconoce la identidad de género y la educación sexual integral.
