Si la semana pasada dedicábamos nuestra crónica semanal, a narrar dos importantes casos que tiene que conocer el Tribunal Supremo de EEUU en materia de libertad educativa en las aulas frente al adoctrinamiento ideológico y sobre la independencia fiscal de las ONG católicas, un nuevo frente se abre para la defensa de la libertad religiosa en Estados Unidos.
El Estado de Washington, situado en la costa oeste y uno de los principales feudos del Partido Demócrata, ha promulgado una ley que obliga a los sacerdotes católicos a vulnerar el secreto de confesión, por cuanto se exige que denuncien los casos de abuso infantil que conozcan por razón del sacramento de penitencia.
La ley ha sido abanderada por el gobernador del Estado, Bob Ferguson, quien ocupa el cargo desde el pasado mes de enero, y quien con anterioridad, durante doce años fue fiscal general del mismo Estado. Ferguson, un católico progresista al estilo del expresidente Joe Biden centró su campaña para gobernador en un mensaje de defensa radical del aborto y también ha defendido la descriminalización de la posesión de drogas.
El pasado de 5 junio, los obispos católicos solicitaron al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Tacoma que emitiera una orden para bloquear la aplicación de la ley, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 27 de julio.
Mark Rienzi, presidente y director ejecutivo de Becket, una firma de abogados dedicada a la defensa de la libertad religiosa, que representa a los obispos, emitió la siguiente declaración: “El Estado de Washington no tiene por qué entrometerse en el confesionario, particularmente cuando dan vía libre a abogados que han protegido legalmente las relaciones confidenciales con los clients…Castigar a los sacerdotes por seguir las tradiciones religiosas milenarias de la Iglesia católica no sólo está mal, sino que es inconstitucional”.
El Catecismo de la Iglesia Católica establece que los sacerdotes tienen prohibido divulgar lo que los penitentes les revelan durante la confesión. En su escrito de solicitud de la medida cautelar, la Iglesia ha recordado las graves consecuencias para un sacerdote si se le obliga a vulnerar el secreto de confesión: "Un sacerdote que viola directamente el sello sacramental incurre en una excomunión latae sententiae, es decir, excomunión automática, arriesgándose así a la condenación eterna. En consecuencia, el registro histórico está repleto de ejemplos de sacerdotes católicos que eligen la muerte como mártires en lugar de sucumbir a las exigencias del gobierno de que violen el sello sacramental”.
Hiram Sasser, consejero general ejecutivo del First Liberty Institute, que también representa a los obispos en la demanda, ha manifestado: "Estamos comprometidos a proteger el sacramento de la confesión y creemos que los propósitos de la ley de informes obligatorios de Washington se pueden lograr sin infringir los derechos del clero de la Primera Enmienda".
