En Hungría, el pasado mes de abril ganó las elecciones Péter Magyar (del Partido Tisza-Respeto y Libertad), una especie de PP a la húngara, es decir, progres de derehcas, que se impuso a Viktor Orbán, quien llevaba 16 años gobernando.

Sin embargo, el presidente del país es Tamás Sulyok, un hombre que fue elegido para el cargo en 2024 por la mayoría parlamentaria de Fidesz, el partido de Orbán, por lo que el nuevo gobierno lo considera una figura afín al exprimer ministro, es decir, un obstáculo para sacar adelante su agenda progresista concretada en abolir las leyes provida y profamilia de Orbán. Conviene tener en cuenta que Magyar cuenta con el apoyo de la Comisión Europea de la progre Ursula von der Leyen, que sancionó al Gobierno de Orbán, en teoría, por atacar la independencia de los jueces, aunque en realidad le sancionaron por oponerse al aborto, al gaymonio y a toda la agenda progre LGTBI.

Por ello, Magyar quiere 'cargárse', al presidente argumentando que no representa los nuevos aires políticos que rigen en el país tras su llegada, y le está exigiendo dimitir, amenazando incluso con emprender modificaciones legislativas o incluso constitucionales para lograr echarlo. En otras palabras, el primer ministro se salta las normas democráticas más elementales -Sulyok fue nombrado legítimamente y mantiene su cargo acode con la Constitución-, mientras Bruselas calla y de deja hacer.

Por su parte, Sulyok, que no tiene por qué dimitir, se niega a hacerlo y ha llegado a consultar, el pasado 30 de mayo, a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para pedir orientación sobre cómo salir de esta situación provocada por Magyar. 

En un comunicado, Sulyok dijo lo siguiente: “Los llamamientos a la destitución del jefe de Estado por razones políticas, que por lo tanto son imposibles de interpretar bajo la Ley Fundamental, han creado una situación profundamente contradictoria dentro del orden constitucional actual, afectando negativamente el funcionamiento constitucional y la autoridad de la institución del presidente de la república. Además, el primer ministro expresó públicamente y claramente su preocupación de que el jefe de Estado, de acuerdo con las obligaciones constitucionales en virtud de la Ley Fundamental, podría ejercer la supervisión constitucional sobre la legislación durante el proceso legislativo necesario para acceder a la financiación de la UE, lo que en ciertos casos podría resultar en retrasos que dificultan el acceso a los recursos financieros”, recoge Budapest Times. 

Permanezcan atentos a las pantallas. Lo que está claro es que Magyar -y Bruselas- tiene prisa por eliminar cualquier rastro de Orbán para sacar adelante la agenda progresista que incluye el aborto y la eutanasia.