En el caso de la magistrada Amy Coney Barrett, un grupo de fanáticos abortistas se presentaron frente a su domicilio, 'manifestándose' ataviados con pantalones ensangrentados y muñecos que simulaban bebés nacidos "a la fuerza"
Cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos puso fin a la protección legal del aborto, en Hispanidad aseguramos que la batalla por la vida daba comienzo. Los demócratas, con el 'muy católico' Biden a la cabeza han hecho del 'derecho' al aborto su bandera y pretenden burlar la sentencia del Tribunal Supremo por las vías legislativa, judicial… y violenta.
Los actos violentos se sucedieron desde que se ‘filtró’ el borrador del fallo del Alto Tribunal, con agresivos ataques a organizaciones provida, iglesias y establecimientos de rescate. La situación se caldeó hasta tal punto que los radicales abortistas llegaron a ejercer la violencia extrema contra los magistrados conservadores del Tribunal Supremo. El juez Samuel Alito, ponente del fallo, tuvo que ser evacuado de su domicilio junto con su familia a un lugar seguro. En el caso de la magistrada Amy Coney Barrett, un grupo de fanáticos abortistas se presentaron frente a su domicilio, 'manifestándose' ataviados con pantalones ensangrentados y muñecos que simulaban bebés nacidos "a la fuerza".
La senadora republicana por Alabama Katie Britt dio a conocer una serie de diapositivas que instruían a los oficiales a "evitar, a menos que sea absolutamente necesario, cualquier aplicación penal" que involucre a los manifestantes
Ahora se ha conocido, según informa el New York Post, que los marshals estadounidenses, el servicio de policía dependiente del Departamento de Justicia, encargados de la protección de las casas de los jueces de la Corte Suprema, recibieron instrucciones de no arrestar a los manifestantes radicales abortistas que amenazaban a los magistrados, a menos que fuera absolutamente necesario.
En un interrogatorio al fiscal general de la Administración Biden, Merrick Garland, durante una audiencia del Senado, la senadora republicana por Alabama Katie Britt dio a conocer una serie de diapositivas que instruían a los oficiales a "evitar, a menos que sea absolutamente necesario, cualquier aplicación penal" que involucre a los manifestantes y que "realizar arrestos e iniciar procesamientos no era el objetivo" de estar estacionados fuera de las residencias de los seis juristas conservadores de la corte.
Otra diapositiva indicaba a los alguaciles que “no participen en la aplicación de la ley relacionada con las protestas” y que permitan a los manifestantes ejercer sus derechos de la Primera Enmienda.
Britt indicó que las diapositivas se obtuvieron de un denunciante del Departamento de Justicia que se opuso al testimonio del Fiscal General Garland del 1 de marzo ante el Comité Judicial del Senado.
Los republicanos han exigido repetidamente al fiscal general Garland que explique por qué ningún manifestante fue arrestado durante las violentas protestas
En esa audiencia, Garland insistió en que los alguaciles estaban facultados para decidir en el campo si realizaban arrestos, a pesar de la evidencia que indicaba lo contrario, dado que se les instaba por sus superiores a no ejercitar medidas coercitivas contra las extremistas abortistas:
“¿Estaba usted, en algún momento antes de su testimonio frente al Comité Judicial, al tanto de estos materiales de capacitación o del hecho de que los alguaciles habían sido fuertemente disuadidos de realizar arrestos...?”, le preguntó Britt a Garland.
"Esta es la primera vez que veo esas diapositivas", respondió el fiscal general.
Garland continuó defendiendo que proteger a los jueces era la "responsabilidad principal" de los alguaciles, manifestación que fue contradicha por la senadora que indicó: “Está claro a la vista de estas diapositivas que los alguaciles no recibieron esas órdenes”.
Dada la gravedad de lo ocurrido, los republicanos han exigido repetidamente al fiscal general Garland que explique por qué ningún manifestante fue arrestado durante las violentas protestas.
La ley estadounidense establece que es ilegal realizar piquetes o manifestaciones cerca de la residencia de un juez con la intención de interferir, obstruir o impedir la administración de justicia, normativa que manifiestamente violaron los radicales abortistas… con el beneplácito del Departamento de Justicia de Biden.