El ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg —un alto ejecutivo de la empresa familiar del expresidente Donald Trump—  se declaró culpable el jueves de evadir impuestos en un acuerdo que podría convertirlo en un testigo estrella contra la compañía en un juicio en otoño, recoge Infobae.

Admitió haber recibido más de 1,7 millones de dólares en prebendas no gravadas -incluidas las matrículas escolares de sus nietos, el alquiler gratuito de un apartamento en Manhattan y los pagos del alquiler de un coche de lujo- y haber ocultado explícitamente algunas de las ganancias.

El juez Juan Manuel Merchán acordó condenar a Weisselberg a cinco meses de encarcelamiento en el complejo penitenciario de Rikers Island, en Nueva York, aunque podrá salir en libertad mucho antes si se comporta bien entre rejas. El juez dijo que Weisselberg tendrá que pagar casi 2 millones de dólares en impuestos, multas e intereses.

El propio Trump no está acusado en el caso

El acuerdo de culpabilidad también requiere que Weisselberg declare con veracidad como testigo de la acusación cuando la Trump Organization vaya a juicio en octubre por cargos relacionados. La empresa está acusada de ayudar a Weisselberg y a otros ejecutivos a eludir los impuestos sobre la renta al no informar con exactitud al gobierno de su remuneración completa. El propio Trump no está acusado en el caso.

Weisselberg, de 75 años, es la única persona que se enfrenta a cargos penales hasta ahora en la larga investigación del fiscal del distrito de Manhattan sobre las prácticas empresariales de la compañía.

La Organización Trump no está involucrada en la esperada declaración de culpabilidad de Weisselberg y está previsto que sea juzgada en el supuesto esquema de compensación en octubre.

Trump no ha sido acusado en la investigación penal. El republicano ha tachado las investigaciones de Nueva York de “caza de brujas política” y ha dicho que las acciones de su empresa eran una práctica habitual en el negocio inmobiliario y que en ningún caso constituían un delito. 

Y todo esto sucede tras el asalto a la residencia de Trump en Palm Beach (Florida), en vísperas de las elecciones al Senado de EEUU y a poco más de un año de las presidenciales, a las que Trump podría volver a presentarse.