Empezamos esta crónica semanal de Hispanoamérica  —en la que hacemos especial énfasis en la defensa de la vida, la familia natural, la libertad de enseñanza y el bien común, es decir, los principios no negociables establecidos por Benedicto XVI—  en Cuba, para defender el principio no negociable de la libertad religiosa y de culto. 

Porque, según un Estudio sobre Libertad Religiosa, realizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el 68% de los cubanos conoce a alguien que profesa una religión y ha sido acosado, reprimido, amenazado u obstaculizado en su vida diaria por motivos relacionados con su fe. 

En esas violaciones de la libertad religiosa tiene un papel fundamental la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista. La opinión predominante es que entre los fundamentales motivos por los que un creyente puede sufrir acoso, amenazas o discriminación están “tener una postura política basada en su fe” (59%) y “hablar públicamente sobre su fe” (45%). “Ambas respuestas evidencian el intento de las autoridades de recluir al ámbito de lo privado la vivencia de la religiosidad”, afirma el OCDH.

En cuanto a las acciones concretas con las que se impide o dificulta la labor de organizaciones y líderes religiosos, se mencionan en primer lugar el ‘Negar permiso para eventos en espacios públicos’ (64%), ‘Negar o condicionar permiso para construir o reparar templos’ (63%) y ‘Negar o condicionar permiso para procesiones’ (63%).

La Corte Interamericana dispuso que se garantice “un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar su contacto con familiares y abogados

Seguimos defendiendo la libertad religiosa y de culto en Hispanoamérica, en esta ocasión para referirnos a la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega, que también persigue a los católicos. Ortega encarceló al obispo monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, cuando este se negó a ser expulsado del país, el pasado 10 de febrero, junto a otros 222 presos políticos que fueron expulsados a EEUU. Además, lo condenó a a 26 años y cuatro meses de cárcel y al pago de una multa de 1.600 dólares. Y lo privó de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad.

Esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al régimen sandinista la liberación “inmediata” del prelado y adoptar “las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal”, informaron desde el tribunal continental a través de una resolución que recoge Infobae. 

El organismo fijó un plazo hasta el 7 de julio para que la dictadura tramite la liberación del prelado e informe debidamente del proceso de excarcelación al tribunal. Mientras se gestiona su liberación, la Corte Interamericana dispuso que se garantice “un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar su contacto con familiares y abogados”.

Vemos con preocupación que, en materia de derechos humanos, el respeto por la Vida sigue siendo vulnerado, en la práctica, en las leyes y en las interpretaciones judiciales

Y terminamos esta crónica semanal sobre Hispanoamérica en México, donde la Arquidiócesis Primada criticó el “incansable interés” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “por despenalizar el aborto” en el país, recoge Aciprensa. 

La Primera Sala de la SCJN determinó recientemente “que una mujer puede ampararse contra las leyes que penalizan el aborto, aun sin estar embarazada”. Para la Arquidiócesis de México, “este criterio permite que organizaciones que lucran con el aborto combatan, vía amparo, los códigos penales de los estados, para lograr una desaparición penal del aborto, y con ello liberalizar su práctica”.

La Arquidiócesis de México destaca que resulta preocupante que tanto lo que regule el Poder Legislativo y establezca el Poder Ejecutivo “está siendo invalidado por un poder que, aprovechando su facultad interpretativa en materia de derechos humanos, intenta ordenar, dictando cómo deberían ser las leyes a su juicio”. “Vemos con preocupación que, en materia de derechos humanos, el respeto por la Vida sigue siendo vulnerado, en la práctica, en las leyes y en las interpretaciones judiciales”, manifestó.