Llevamos viendo semanas la polémica generada por el intento del Gobierno de introducir el aborto como un derecho en la Constitución. El motivo de la disputa nada tiene que ver con el fondo, que el aborto es un asesinato y no un derecho, sino con el procedimiento para incluirlo en la Carta Magna.

La controversia reside en que el anteproyecto del Gobierno de Sánchez pretende modificar el artículo 43 de la Constitución, relativo a la protección de la salud, y vincular el aborto con la ya famosa "salud sexual y reproductiva". Si se modifica ese artículo se podría hacer vía procedimiento ordinario de reforma mediante el artículo 167, fórmula mucho más sencilla. En cambio, muchas voces apuntan a que lo que se debería reformar es el artículo 15 referente al derecho a la vida, pero esto exigiría la vía agravada de reforma constitucional (artículo 168), que exigiría mayorías de dos tercios en ambas cámaras, disolución de las Cortes y referéndum. Y Sánchez no quiere convocar elecciones y someterse a votación popular. 

El primer informe fue redactado por Herrero de Miñón que señalaba justamente eso, que si se quiere incluir el aborto en la Constitución, hay que reformar el artículo 15. Esto no gustó nada a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que apartó al padre de la Constitución y puso al frente de la redacción de un nuevo borrado a la exministra de Sanidad socialista, Maria Luisa Carcedo. 

Ese texto es el que se discutía hoy y se votaba en el Consejo de Estado. Hasta 15 intervenciones, todas ellas contrarias al texto redactado por Carcedo, han hecho que Calvo hiciera un receso y volviera con un texto modificado que no ha estado exento de polémica. 

El informe de la extitular de Sanidad no ve ningún obstáculo para sacar adelante la reforma, pero con objeciones: "La constitucionalización del 'derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo', en aras de la 'protección de los derechos de las mujeres', no encuentra un natural acomodo dentro de los principios rectores de la política social y económica del capítulo tercero del título I de la Constitución ni, en particular, dentro del derecho a la protección de la salud del artículo 43 de la Constitución".

Eso sí, pese al propio texto de Carcedo y las quejas de los propios compañeros, la misma Carcedo termina avalando la modificación del 43. Como era de esperar y como es digno del equipo de propaganda de Moncloa, el ministerio de Igualdad de Ana Redondo ha lanzado su propia versión a sus medios afines, donde aseguran que el Consejo de Estado les respalda. 

En cualquier caso, el resultado es un informe favorable al fondo, pero con matices y menos servil con Sánchez. ¿El dictamen es importante? Sí, aunque no vinculante, y aunque llegara al Congreso, parece que no contaría con mayoría suficiente. Pero lo importante es que no va al fondo del asunto: ¿es el aborto un crimen? Sí, contra el ser más indefenso de todos.