En el Senado se ha celebrado hoy un pleno en el que se ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley del PP para cambiar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ.

En la actualidad, el CGPJ está formado por 20 vocales más un presidente. Los 20 son elegidos por las Cortes Generales (diez el Congreso y diez el Senado) aunque doce de ellos deben ser jueces y los otros ocho, juristas de reconocidos prestigio. 

El PP propone un sistema mediante el cual, de los 20 vocales que integran el CGPJ, 12 sean elegidos directamente por los magistrados. Mientras que los otros ocho, que habitualmente designan el Congreso y Senado, el PP ha propuesto que no sean ni exministros ni exparlamentarios. Génova también propone que cada vocal cuente con un suplente, para así imposibilitar caso de bloqueo político.

El senador popular Antonio Silván ha defendido la propuesta de su partido para reforzar la “independencia” judicial, en un “momento especialmente relevante”, debido a que existen jueces que están sufriendo una “presión política impropia de una democracia consolidada”. 

“Cada resolución que incomoda al Gobierno recibe una descalificación; cada investigación judicial que afecta al entorno del poder genera ataques, sospechas y campañas de señalamiento; cada decisión que no coincide con los intereses del Gobierno es presentada como un problema de los jueces”, ha añadido Silván.

“Si todos reaccionáramos igual ante cualquier caso de corrupción, con independencia de donde proceda, estaríamos prestando un gran servicio a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a la confianza de los ciudadanos, porque combatir la corrupción es respetar las garantías del Estado de derecho”, apuntó el senador del PP.

Por supuesto, el PSOE opina todo lo contrario, lo que no es de extrañar, dados los casos de corrupción que les acechan. Entre ellos, el caso Leire Díez, en el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una operación encubierta y de cloacas —orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez— para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno. 

El senador del PSOE Miguel Ángel Adrián citó al Tribunal Constitucional para sostener que la composición del Consejo debe reflejar "el pluralismo existente en el seno de la sociedad" y que "el problema no es el modelo” de elección, sino "su aplicación práctica”.

Mientras que la senadora de Vox Paloma Gómez se refirió al pacto alcanzado entre PP y PSOE en julio de 2024 para renovar el CGPJ, un pacto que ha calificado como una "rendición" y una "claudicación" del PP ante el presidente Pedro Sánchez, que “solo ha servido” para que el Gobierno “tenga más oxígeno" y siga "colocando a sus jueces militantes".