Mañana martes 7 de marzo, el Consejo de Ministros dará el visto bueno a la ‘ley de Representación paritaria de mujeres y hombres’, o 'Ley de paridad', que afectará tanto al ámbito público como al privado.

En virtud de esta ley, las candidaturas electorales (para elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas) deberán realizarse al 'modo cremallera', es decir, alternando hombres y mujeres en igual proporción.

Además, la ley obligará a la cuasi-paridad en el Gobierno, con un 40% mínimo para cada género. 

También se establece lograr progresivamente (hasta conseguirlo el 30 de junio de 2026) el equilibrio en los altos cargos de la Administración del Estado (como secretarías de Estado, subsecretarías o direcciones generales) y en las juntas de gobierno de los colegios profesionales y de los consejos generales. 

Además, la dirección de las grandes empresas cotizadas o entidades de interés público que cuenten con más de 250 empleados y un volumen de negocio anual de 50 millones, también deberán sujetarse a esta ley de paridad por la que un 40% de los puestos directivos tendrán que ser ocupados por mujeres.

Se da la circunstancia de que el Consejo de la UE aprobó el pasado 23 de noviembre una directiva europea que obligará a partir de 2026 a que al menos el 40 % de los administradores no ejecutivos [es decir, los que no son CEO] de las empresas cotizadas sean “miembros del sexo menos representado”. Por lo que cabe interpretar que Sánchez implementa esa directiva europea pero lo vende como si fuera una idea suya. Otro caso más de cinismo sanchista. 

Y toda esta nueva ingeniería social -y ataque a la libertad- la anuncia el Gobierno en medio de dos escándalos: las rebajas de penas (más de 700) y excarcelaciones (más de 70) de delincuentes sexuales por la ley del 'solo sí es sí'. Y el otro escándalo: el caso de corrupción conocido como el 'caso Mediador' o caso Tito Berni, que afecta de lleno al PSOE en una trama consistente en un sistema de cobro de mordidas y extorsión a empresarios. Está siendo investigado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres. Los principales investigados son el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Navas y el ‘mediador’ , Marco Antonio Navarro Tacoronte. La jueza imputa a los investigados los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias.