La semana pasada los inspectores de Trabajo denunciaron que Yoli no les ha pagado su complemento de productividad. Y ahora, son los estudiantes los que se ponen en su contra por el Estatuto del Becario. ¡Pobre Yoli, pone un circo y le crecen los enanos!
Para entendernos, el Consejo de Ministros aprobó este martes la norma, conocida coloquialmente como el Estatuto del Becario, dos años y medio después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social lo anunciara, y lo repitiera meses después como algo completamente nuevo. También señalar que el acuerdo se cerró, como viene siendo habitual, entre Yoli y los sindicatos, pero sin la patronal y sin la comunidad educativa.
“Se acabó estar poniendo cafés o que se pague con propinas (…) o se acabó sustituir trabajadores y trabajadoras”, anunciaba Yoli. Pero se ve que los propios estudiantes, potenciales becarios, no lo ven como ella.
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha rechazado "tajantemente" el proyecto. CREUP no está a favor del texto porque "se ha elaborado sin contar con la participación real de la comunidad educativa", que "han quedado al margen" de la negociación. Al no haber contado con ellas, el plan "responde a una lógica laboral, al haber sido negociado exclusivamente con los sindicatos".
Por tanto, notan que el texto tiene "importantes deficiencias técnicas y de fondo": "Resulta complejo regular de forma conjunta prácticas tan distintas como las universitarias, ya sean curriculares o extracurriculares, y las de Formación Profesional, dado que difieren en su naturaleza y finalidad".
Desde CREUP lamentan que tampoco "se ha aclarado cómo se financiará la compensación de los gastos asociados a las prácticas". "La falta de garantías claras sobre esta cuestión abre la puerta a que los costes recaigan en unas universidades ya infrafinanciadas, sin que ello suponga una mejora efectiva en la calidad formativa".
"En definitiva, la comunidad universitaria en su conjunto, universidades y estudiantes, coinciden en que el denominado Estatuto del Becario no responde a las necesidades reales del sistema de prácticas académicas externas, y que, por el contrario, puede convertirse en una herramienta de precarización invertida, aumentando la carga económica de las universidades y desestabilizando aún más los sistemas de control ya existentes, sin fortalecer las garantías para el estudiantado".
Por ello, instan al Ministerio de Trabajo, «que presume de diálogo social, pero que en esta ocasión ha ignorado a los principales actores afectados (la comunidad educativa y, especialmente, el estudiantado), a retirar el proyecto y abrir un proceso de diálogo real».
Asimismo, los universitarios apelan a los grupos parlamentarios para que «no respalden una norma que ha sido elaborada sin consenso y que no mejora la situación de las prácticas académicas».
Lo dijimos en Hispanidad, esta norma se traduce en: Más obligaciones para la empresa, más carestía y un jaleo burocrático que exige un departamento extra para cubrir los requisitos legales o bien contratar una gestoría externa. ¿Qué hará el empresario? Pues contratar cuantos menos becarios mejor. Eso sí, Yoli seguirá creando contratos, que no empleo.
