"El poder político tiene derecho a dirigir la política de seguridad pública, pero no tiene derecho a conocer indebidamente el contenido, la evolución o las diligencias de una investigación judicial reservada". Así de contundente se ha mostrado Diego Pérez de los Cobos, el coronel al que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska destituyó en 2020 tras negarse a facilitar información sobre una investigación judicial reservada. Marlaska 'se lo cargó', y la justicia le dio la razón al coronel: Marlaska "privó" de manera "ilegal" su ascenso.

Hasta tres sentencias favorables para Pérez de los Cobos le convierten en voz más que autorizada para alertar, como lo ha hecho en la conferencia 'El deber de reserva de la policía judicial' enmarcada en los Cursos de Verano CEU-María Cristina en San Lorenzo de El Escorial, de que la separación de poderes en España se encuentra bajo amenaza. ¿El motivo? El Gobierno hace de su "autoridad orgánica" un arma de doble filo para acceder a causas a las que no debería acceder. 

El coronel ha asegurado que el riesgo es "máximo" cuando la investigación se aproxima a personas "cercanas al poder". Y claro, será por personas "cercanas al poder" siendo investigadas: recordemos que el entorno del presidente al completo está investigado o juzgado, el último su hermano, condenado ayer mismo. 

A su juicio, lógico y normal, la Policía Judicial debe servir "a la Justicia y no a la conveniencia del poder". Pero claro hablamos de un Gobierno que lleva por bandera el '¿de quién depende la Fiscalía?'. 

Pérez de los Cobos no sólo lanzó la advertencia, sino que analizó el problema del modelo español, la "doble dependencia" de los investigadores. El artículo 126 de la Constitución marca que la policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal, pero éstos no nombran a los agentes, ni deciden ascensos y organizan las unidades, todos estos puntos recaen en el Ministerio del Interior.

"Quien dirige la investigación no controla la suerte profesional del investigador y quien controla esa suerte profesional no dirige ni debe dirigir la investigación", ha sentenciado de los Cobos, que cree que esta es "la grieta por la que se cuela todo el problema". La Policía Judicial se encuentra así sometida a "dos amos".

Pero ojo, que esos "dos amos" no sería un problema, si el Gobierno respetara al otro poder, "El problema no surge porque la Policía Judicial tenga una doble dependencia. El problema surge cuando una de esas dependencias se utiliza para neutralizar, condicionar, conocer indebidamente o interferir en la otra".

Para el coronel, el deber de mantener en secreto la investigación "es una garantía institucional al servicio de la independencia de la investigación penal" que protege "la posibilidad de que el delito pueda ser investigado incluso cuando sus responsables estén cerca del poder". Y advirtió que "No hace falta una orden por escrito para condicionar una investigación". Asimismo, Pérez de los Cobos alertó de que el Gobierno puede lograr "alinear con sus intereses" con los responsables policiales. 

Por último, dejó claro que no quería convertir su intervención en un ajuste de cuentas personales, pero sí dejó claro que con su caso "El sistema ha mandado una señal peligrosa: quien no informa hacia arriba, puede pagar el precio". Así rebatió la afirmación de "Un ministro no puede enterarse por la prensa", una frase que calificó de "insólita" y "peligrosísima": "Vale más que un ministro se entere por la prensa de una investigación correctamente reservada a que esa investigación se contamine para evitarle al ministro un sobresalto": "La Policía Judicial sirve a la justicia, no a la conveniencia del poder".