Hoy comienza el TC a deliberar sobre la constitucionalidad de la ley de Amnistía que Pedro Sánchez aprobó para amnistiar a Carles Puigdemont a cambio de los siete votos de Junts para hacerle presidente del Gobierno. 

El TC deliberará sobre el borrador que, recientemente, la magistrada del Tribunal Constitucional Inmaculada Montalbán, que forma parte del sector sanchista del alto tribunal, redactó sobre la ley de Amnistía y que, oh sorpresa, avalaba casi en su totalidad los aspectos sustanciales de la norma.

Hay que recordar también que 24 horas antes de las elecciones de julio de 2023, Pedro Sánchez y todos sus acólitos socialistas consideraban que la amnistía era inconstitucional. Y, al conocer los resultados y ver que Sánchez necesitaría a Puigdemont para ser investido, el PSOE en pleno y el Gobierno socialista en funciones cambiaron de opinión: ahora la amnistía por los delitos del procés resulta que sí es plenamente constitucional y cómo es que no se nos había ocurrido 20 minutos antes. 

En ese contexto El Español publica hoy una información según la cual, 'agentes' de la Comisión Europea afirman en un documento presentado ante el TJUE que la ley de amnistía existe como "parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno" y rechaza que tenga "interés general" para la UE.

El documento recoge unas 'Observaciones escritas' de estos agentes sobre la cuestión prejudicial que el Tribunal de Cuentas español presentó ante el TJUE acerca de si se puede amnistiar el delito de malversación de fondos públicos cometido durante el 'procés'. 

Estos agentes de Bruselas añaden que la normativa es una "autoamnistía" que es "contraria al principio del Estado de derecho". Consideran que se vulnera el "principio de proporcionalidad que exige que, en cada caso, la amnistía propuesta sea un medio adecuado para alcanzar en última instancia un objetivo legítimo". 

"Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario", concluye el documento.