Como recogió Hispanidad, según el sumario del caso Leire Díez, el jefe de la UCO de la Guardia Civil entre julio de 2023 y diciembre de 2025, el coronel Rafael Yuste, declaró ante sus subordinados (cuando estos le preguntaron por orden del juez Santiago Pedraz, el miércoles 27 de mayo) que el entonces director de la Guardia Civil Leonardo Marcos (cargo político nombrado por el Gobierno sanchista, entre junio de 2023 y septiembre de 2024) y el máximo jefe de la Guardia Civil, el Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, le presionaron para que sus agentes se “pusieran de perfil” en las investigaciones contra el entorno de Pedro Sánchez, por ejemplo, en las investigaciones a su hermano David, las cuales calificaron despectivamente como "prospectivas y malintencionadas”. El pasado 26 de junio, el general Yuste ratificó ante el juez Pedraz su declaración. 

Ante estos hechos, el pasado 2 de julio, el juez Pedraz imputó a Llamas (y también a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González) en el caso Leire Díez. 

La noticia hoy es que Jucil (asociación mayoritaria de la Guardia Civil) ha pedido el cese de Llamas y la apertura de un un expediente disciplinario contra él. 

Para justificar esta petición, Jucil recuerda que durante el año pasado (2025), un total de 1.014 guardias civiles fueron objeto de expedientes disciplinarios (185 expedientes correspondieron a faltas muy graves); 64 agentes fueron suspendidos de empleo; y 6 fueron separados definitivamente del servicio.

Todos ellos sufrieron medidas cautelares o sanciones, por lo que exigen que al DAO se le aplique el mismo rasero. Convincente.  

El pasado 17 de julio, en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado, Llamas se negó a dimitir, defendiendo su inocencia y rechazando haber ejercido presiones sobre la UCO. Solo lo hará en caso de ser condenado o si cree que su honor "ha quedado cuestionado de manera razonable". También adujo que "hay multitud de guardias civiles, de todos los empleos, imputados, investigados y en situaciones procesales infinitamente peores que se mantienen en activo". 

No opinan lo mismo Jucil ni la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), que exigen su marcha del puesto.