Pascual Del Cioppo, recién nombrado embajador de Ecuador en España, denunció que en esa representación diplomática se habrían pagado dineros públicos para favorecer a empresas relacionadas a figuras de la organización ultraizquierdista Podemos, cuya cabeza más visible era Pablo Iglesias, informa El Comercio.

En una entrevista, el flamante diplomático, que militó en el Partido Social Cristiano, dijo que ha pedido -por el orden del presidente, Guillermo Lasso- que se suspenda “de inmediato” la vigencia de los contratos cuyos recursos económicos iban a esa organización política española. 

“El Presidente ordenó, de inmediato, que se suspenda la vigencia de esos contratos, que se pare y no se siga pagando las cuotas del mes de junio incluso, ni del mes de julio”, afirmó. Sin embargo, no especificó cuál es el periodo de contratación, añade El Comercio. 

Del Cioppo explicó que el caso denunciado trata de supuestos pagos a empresas relacionadas con Irene Montero, ministra de Igualdad de España y esposa del entonces máximo dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, y Rafael Mayoral, diputado de Podemos desde el 2015.  

Del Cioppo explicó que el caso denunciado trata de supuestos pagos a empresas relacionadas con Irene Montero, ministra de Igualdad de España y esposa del máximo dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, y Rafael Mayoral, diputado de Podemos desde el 2015.

Ambos estarían al frente de empresas relacionadas con supuestas defensas legales de ecuatorianos y pagadas por el Gobierno de Ecuador, pero que no se han ejecutado, explica El Comercio. 

Preguntado sobre cuánto dinero se destinó para todo esto, Del Cioppo dijo que el pago anual era de 1,2 millones de euros por año (casi 1,5 millones de dólares).

“Pero ahí no viene el tema, el tema es algo peor, es que era para asesorar a ecuatorianos para que no exista el desahucio por falta de pago de hipoteca… Es que la Ley española, precisamente hace un tiempo atrás cuando hubo la crisis, impidió ya que exista el desahucio, entonces no sé qué defendían”, cuestionó el diplomático, recoge El Comercio.

Ante esta información, el Grupo Parlamentario VOX ha registrado una solicitud de comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la comisión de Exteriores del Congreso para que informe sobre los supuestos contratos celebrados con la Embajada de la República del Ecuador, al objeto de evitar los desahucios de ciudadanos ecuatorianos en España, ha informado VOX. 

Los ecuatorianos tienen derecho a saber en qué se ha gastado su dinero y los españoles a que se depuren las responsabilidades políticas y judiciales

Por este motivo el GP VOX ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que conteste a estas preguntas:

1.- ¿Considera el Gobierno que la celebración de estos contratos entre miembros del Ejecutivo español compromete la imparcialidad de éste a la hora de defender los intereses nacionales?

2.- ¿Va a realizar el Gobierno alguna investigación para comprobar la veracidad de las declaraciones del embajador ecuatoriano, al ser éstas dañinas para la imagen exterior del Reino de España?

El portavoz de VOX en la comisión de Asuntos Exteriores, Víctor González Coello de Portugal, ha señalado que “los ecuatorianos tienen derecho a saber en qué se ha gastado su dinero y los españoles a que se depuren las responsabilidades políticas y judiciales”.

El diputado de VOX ha incidido en la gravedad del asunto: “El embajador de Ecuador en España ha denunciado públicamente una fuente de financiación ilícita y probablemente ilegal de Podemos. La ministra de Igualdad Irene Montero y su compañero, el diputado Rafael Mayoral, deben comparecer urgentemente y presentar su dimisión si no son capaces de explicar estas gravísimas acusaciones. En VOX no pararemos hasta conocer con total transparencia el destino de cada euro ecuatoriano”.