El pasado 20 de noviembre, el Tribunal Supremo condenó por un delito de revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a indemnizar al perjudicado, Alberto González Amador (novio de Isabel Díaz Ayuso), con 10.000 euros por daños morales. El fallo fue adelantado por el propio tribunal en una escueta nota de prensa.
Posteriormente, el 9 de diciembre, el alto tribunal publicó la sentencia en la que consideraba probado que fue García Ortiz, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo electrónico y, respecto a la nota de prensa en la que se recogía la propuesta de conformidad de González Amador con reconocimiento de dos delitos, subraya que el propio acusado admitió su intervención en la misma. La Sala recuerda que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, y destaca que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación, recogió la nota de prensa del CGPJ.
Al poco de conocerse la sentencia ya se sospechaba que el Gobierno de Pedro Sánchez iba a indultar a 'su' fiscal general.
Y la noticia de ayer es que, en efecto, el Ejecutivo sanchista ha iniciado los trámites para el indulto después de la petición hecha por dos ciudadanos particulares. El primer trámite, que ha efectuado el Ministerio se Justicia, ha sido pedir la opinión del Supremo sobre ello.
La opinión del Supremo, para el Gobierno, no es vinculante. Así que, ¿a que no saben qué va a hacer el Gobierno? Se admiten apuestas...
En paralelo, unos 150 juristas han firmado un manifiesto en el que ponen a caer de un burro la decisión de sus compañeros del Tribunal Supremo, que se supone que son los magistrados que deberían ser más respetados por su experiencia y buen hacer.
Pero a los firmantes del manifiesto (entre ellos José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez o Baltasar Garzón), titulado 'Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia', eso les da igual…
